Río Negro: Weretilneck apura la reforma del IPROSS y los gremios temen una fuga de afiliados
El proyecto para terminar con la afiliación obligatoria avanzó en la Legislatura. La oposición cuestionó la velocidad del trámite y pidió respuestas sobre el financiamiento y la situación de los jubilados.
El gobierno de Alberto Weretilneck dio otro paso para cambiar las reglas del IPROSS. La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura aprobó por mayoría el proyecto que permitirá a trabajadores, jubilados y pensionados optar por otra cobertura. El oficialismo promete que la competencia obligará a mejorar la obra social provincial, mientras que los gremios advierten que todavía nadie explicó cómo se sostendrán sus prestaciones si comienzan a irse afiliados.
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La discusión dejó una pregunta incómoda para el Ejecutivo. ¿Por qué tanta urgencia? Representantes sindicales y legisladores opositores reclamaron más tiempo para debatir una reforma que afecta a miles de familias. La titular de UNTER, Laura Ortiz, cuestionó la falta de diálogo previo y planteó que la prioridad debería ser recuperar la calidad de atención del IPROSS, en lugar de abrir la puerta de salida a quienes hoy dependen de él.
La presidenta del organismo, Ivana Porro, presentó escenarios de migración del 1, 10 y 15 por ciento de los 102.381 afiliados titulares tomados como referencia. En el escenario más bajo, unos 1.023 titulares dejarían la cobertura. Ese cálculo puso sobre la mesa el riesgo financiero que inquieta a los trabajadores, aunque el proyecto establece que la contribución patronal del 7 por ciento continuará dentro del IPROSS, afectada a prestaciones específicas, incluso cuando un empleado elija otra obra social.
La legisladora Ayelén Spósito preguntó qué pasará con quienes necesitan tratamientos costosos y no consigan ser aceptados por otra cobertura. También pidió precisiones sobre la deuda del IPROSS con los hospitales públicos y el destino de los fondos para prestaciones especiales. “Yo no veo nada de solidario”, afirmó durante el debate, al advertir que parte de la demanda podría terminar recayendo sobre el sistema público de salud.
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Magdalena Odarda apuntó tanto contra el contenido como contra el trámite legislativo. “¿Por qué el apuro?”, preguntó, y reclamó que sean escuchados trabajadores, jubilados y sindicatos antes de votar. También objetó que la iniciativa avance en una sola vuelta y recordó que no funcionó la Comisión de Seguimiento del IPROSS. Para la legisladora, la discusión pendiente pasa por determinar por qué se deterioraron las prestaciones y qué hará el Gobierno para mejorarlas.
Las dudas no se limitaron a los sectores que rechazan la reforma. Gabriela Picotti, de Cambia Río Negro, detectó una ambigüedad en los plazos para regresar al Instituto después de elegir otra cobertura. Las autoridades admitieron que deberán corregir la redacción. Javier Acevedo, del ARI-Cambiemos, defendió el derecho a elegir, pero propuso crear un fondo que proteja al IPROSS ante una eventual caída de ingresos.
La situación de los jubilados abrió otro frente. Yolanda Mansilla preguntó por qué una persona que se retira debería ingresar primero al IPROSS para después optar por PAMI. Pedro Dantas, en tanto, advirtió una posible contradicción entre el nuevo régimen y el convenio de transferencia de la Caja previsional. Son cuestiones que quedaron abiertas aun después del dictamen favorable en comisión.
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La defensa política del proyecto quedó en manos del presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López. Dijo que la reforma responde a una decisión de Weretilneck y que busca terminar con la sensación de que los afiliados están obligados a permanecer en una obra social que no les da respuestas. “No queremos que se vaya nadie, queremos que se queden todos”, sostuvo. Según su argumento, la posibilidad de perder afiliados empujará al IPROSS a mejorar y atraer incorporaciones voluntarias.
El proyecto sigue ahora su camino hacia el recinto, con tratamiento previsto para el jueves. El Gobierno consiguió los votos para hacerlo avanzar, pero llegó a esa instancia sin cerrar las preguntas que dominaron la comisión, entre ellas cuánto puede costar la salida de afiliados, cómo se protegerán las prestaciones más caras y por qué una reforma de este alcance debe resolverse con tanta rapidez.
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