San Isidro: una empleada municipal denunció persecución política y apuntó contra funcionarios de Ramón Lanús

Una trabajadora municipal del Partido de San Isidro presentó una serie de denuncias formales ante distintos organismos, entre ellos el Honorable Concejo Deliberante, la Municipalidad, el Ministerio de Trabajo bonaerense y organismos de control provinciales, en las que denuncia presuntos hechos de hostigamiento laboral, persecución política, violencia institucional y abuso de poder por parte de funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo local.

Según consta en la documentación, la presentación individual se inscribe en un conflicto de mayor escala. El Sindicato de Empleados Municipales de San Isidro, representado por su secretario general Horacio Alberto Reynoso, formalizó ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Delegación Regional con sede en San Isidro, una denuncia por políticas sistemáticas de persecución política, hostigamiento laboral, reducción salarial unilateral y violación de la libertad sindical, ejemplificada en el caso de una trabajadora afectada por un traslado que el gremio considera hostil y lesivo.

El testimonio de la denunciante detalla un cuadro de presunto acoso laboral o mobbing sostenido en el tiempo. Según relató, sufrió hostigamiento, malos tratos, persecución y abuso de poder por parte de funcionarios municipales y de sus empleados de confianza, en un contexto que describe como de violencia de toda índole. Afirma, además, que fue víctima de una reducción salarial unilateral y de un traslado considerado lesivo para su persona, medidas que el sindicato encuadra dentro de una práctica de persecución política y que atentarían contra la libertad sindical garantizada por la normativa laboral. La denunciante sostiene que los hechos se repiten desde hace más de nueve años y que, desde 2025, reclama una respuesta institucional tras haber agotado todas las instancias de diálogo antes de hacer público el conflicto. Anuncia demandas judiciales contra el Municipio y contra funcionarios que nombró individualmente.

La denuncia apunta por nombre a referentes del poder político y administrativo de San Isidro: el exintendente Gustavo Posse; el actual intendente, Ramón Lanús, en el cargo desde diciembre de 2023; e integrantes y funcionarios del Concejo Deliberante, entre ellos Martín Vázquez Pol, presidente del cuerpo entre 2021 y 2025, y Andrés Gabriel Rolón, expresidente del Concejo y actual Juez de Faltas N.º 1 del distrito. También menciona a Pablo Fontanet y Gabriel Estoroni, ambos con larga trayectoria en la Secretaría Legislativa. En los escritos se acusa a estas autoridades de encubrir la situación y se cuestiona la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo provincial. La parte denunciante advierte que aportará pruebas de los hechos y que las demandas serían presentadas en el corto plazo.

Entre los documentos que respaldan la presentación figuran un oficio judicial dirigido a Ramón Lanús, vinculado a medidas procesales en tramitación; notas ingresadas en Mesa de Entradas del Concejo Deliberante con patrocinio letrado del doctor Ricardo Romero; y una presentación ante organismos provinciales de control, en la que se invoca, entre otras normas, el artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial. Cabe señalar que los escritos hacen referencia a distintas gestiones del municipio de San Isidro, ya que Posse fue intendente hasta 2023 y Lanús es el actual intendente, lo que deberá aclararse a medida que avance el expediente.

Al cierre de esta edición, no se registran resoluciones judiciales ni comunicaciones oficiales del Municipio de San Isidro, del Concejo Deliberante ni del Ministerio de Trabajo bonaerense al respecto. Con las denuncias ya radicadas y la judicialización anunciada, el caso compromete a las principales instituciones del distrito, el Ejecutivo, el Concejo Deliberante y los organismos de control provinciales, y quedará en ellas la próxima movida institucional frente a un reclamo que, por ahora, solo tuvo respuesta del silencio.