El funcionario Sebastián Elías, integrante de la jefatura distrital del Ministerio de Educación bonaerense en General Pueyrredon, quedó en el centro de la escena tras la acumulación de múltiples denuncias penales y administrativas que avanzan en distintos ámbitos.

Entre las presentaciones figura una denuncia penal impulsada por la inspectora Gabriela Iñigo, registrada bajo la IPP número 08-00-9757-26 (UFI 10), por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. A esto se suma otra denuncia penal correspondiente a 2024, realizada por el docente Oscar Spadari (IPP 08-00-009407/24).

También se encuentra en trámite una denuncia penal presentada por la docente Vanesa Morales (IPP 08-00-009485/26). En paralelo, se acumulan diversas denuncias administrativas dentro del sistema educativo, que amplían el alcance de los cuestionamientos.

Entre ellas, se destacan las presentaciones de la inspectora Andrea Almeida (DNI 24.734.224), la directora Verónica Lago, la docente Luciana Vecchio (DNI 22.916.043, denuncia del 10 de febrero de 2026 por presunto abuso de autoridad) y la orientadora educacional Julieta Navarro Rosello (DNI 36.794.786).

A estas se suman denuncias administrativas del orientador social Matías Manzo (DNI 26.264.910) y de la inspectora Julieta Montero, quien denunció actos de persecución y violencia laboral en una presentación fechada el 9 de marzo de 2026.

Además, consta un expediente administrativo identificado como EX-2024-06394495-GDEBA-SDCADDGCYE, vinculado a injurias documentadas en un acta del 5 de marzo de 2024.

En este contexto, trascendió que una de las denunciantes habría solicitado una medida perimetral, lo que agrega un elemento más al cuadro judicial y administrativo que involucra al funcionario.

Las distintas causas y presentaciones continúan en trámite y configuran un escenario complejo que involucra tanto instancias judiciales como administrativas dentro del sistema educativo bonaerense.