Tras investigar decenas de casos, Mimi Dominici busca que la Justicia reconozca la alienación parental como violencia psicológica

Mimi Dominici impulsó un proyecto de ley sobre alienación parental después de más de tres años de investigar casos de madres y padres que aseguraban haber perdido el vínculo con sus hijos en medio de conflictos familiares. La iniciativa fue acercada a la diputada nacional Miriam Niveyro y busca establecer herramientas específicas para que equipos interdisciplinarios puedan evaluar estas situaciones.

Dominici define la alienación parental como una forma de manipulación psicológica mediante la cual un progenitor condicionaría a un niño para provocar el rechazo hacia el otro. “Los conflictos entre adultos se deberían arreglar entre adultos y no incluir a las criaturas porque son las verdaderas víctimas”, sostuvo al explicar el eje de su propuesta.

Para elaborar el texto tomó como referencia la legislación vigente en Brasil y trabajó junto a un equipo interdisciplinario para adaptarla al sistema argentino. Uno de los antecedentes considerados fue el caso de Herman Krausse, cuyos hijos fueron trasladados a Brasil y posteriormente quedaron provisoriamente bajo su cuidado tras una intervención de la Justicia de ese país.

El proyecto propone que, cuando profesionales especializados determinen la existencia de estas conductas, la Justicia pueda adoptar medidas sobre el cuidado del menor y trabajar en la restitución del vínculo familiar. También contempla que el progenitor señalado atraviese durante seis meses un proceso obligatorio de formación y tratamiento.

Dominici cuestionó además el funcionamiento actual del Poder Judicial y sostuvo que escuchar a un niño no debería limitarse a reproducir literalmente sus palabras. Para la autora del proyecto, los especialistas deberían contar con herramientas para determinar si una manifestación responde a una decisión propia o puede estar condicionada por un adulto.

La denominada alienación parental es, no obstante, un concepto controvertido dentro de ámbitos jurídicos, médicos y de protección de la infancia, especialmente por su posible utilización en disputas donde existen denuncias de violencia o abuso. Ese punto será uno de los aspectos centrales a discutir durante el eventual tratamiento legislativo de la iniciativa.