Un viejo expediente obliga a Mar Chiquita a despejar dudas sobre la situación ambiental de la planta

Rotomoldeo M&M S.A., instalada en La Florida 925 de Santa Clara del Mar, vuelve a quedar en el centro de la discusión por los controles ambientales en Mar Chiquita. El Decreto número 1261/18 habilitó allí la fabricación de artículos plásticos mediante rotomoldeo y dejó asentado que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado entonces tenía una vigencia de dos años, hasta el 27 de julio de 2020.

La misma norma estableció además que la habilitación comercial quedaba sujeta a revalidación anual, un dato que coloca el seguimiento administrativo entre las responsabilidades permanentes del Municipio. El vencimiento consignado en aquel expediente no permite afirmar por sí solo que actualmente la empresa carezca de certificación, ya que podrían existir renovaciones posteriores que no aparecen en esa documentación de 2018.

El caso adquiere además una dimensión política por la vinculación pública de Pablo Méndez, referente de Unidad y Acción por Mar Chiquita, con la firma. Un catálogo oficial del programa Innovar de 2015 identifica a Méndez entre los integrantes de un proyecto presentado por Rotomoldeo M&M, mientras que posteriormente desarrolló actividad política dentro de UAM.

La discusión llega pocos días después de que Lucía Bogarín asumiera como secretaria de Turismo y Ambiente, luego de desempeñarse como directora del área. La funcionaria señaló al asumir que continuará trabajando sobre conservación, cuidado ambiental y políticas sostenibles, por lo que la fiscalización de establecimientos industriales forma parte de un escenario que demandará controles documentados y criterios uniformes.

Por su parte, Rotomoldeo M&M informa públicamente que implementa las normas ISO 9001 y 14001 y presenta proyectos vinculados con sustentabilidad. Esas certificaciones y políticas empresariales constituyen antecedentes propios de la compañía, pero no sustituyen los permisos, revalidaciones y fiscalizaciones que correspondan a los organismos estatales competentes.