La Cooperativa Arbolito de Mar Chiquita quedó en el centro de fuertes cuestionamientos de vecinos y asociados que reclaman mayor transparencia y advierten sobre una creciente influencia de sectores vinculados al poder político municipal. Las críticas exceden el costo de la electricidad y ponen el foco sobre quiénes toman las decisiones dentro de una institución cuyo patrimonio y funcionamiento corresponden a sus asociados.

El planteo alcanza la información disponible sobre la administración de los recursos, la situación económica y los mecanismos utilizados para adoptar decisiones. Quienes cuestionan el funcionamiento actual sostienen que los asociados necesitan herramientas suficientes para controlar la gestión y conocer qué ocurre con el patrimonio que sostienen mediante sus aportes y el pago de los servicios.

El propio estatuto reconoce amplias facultades de participación. Entre otros derechos, establece que los asociados pueden participar de las asambleas con voz y voto, proponer iniciativas, aspirar a cargos de administración y fiscalización, solicitar determinadas asambleas extraordinarias y requerir información al síndico.

Además, la documentación establece que cada asociado tiene un solo voto independientemente de la cantidad de cuotas sociales que posea y que las resoluciones de las asambleas se adoptan, como regla general, por mayoría de los presentes. También determina que la administración está a cargo de un Consejo elegido por los propios asociados.

Precisamente allí aparece uno de los principales focos del conflicto. Vecinos que participaron de una de las últimas asambleas sostienen que hubo una presencia masiva de empleados municipales que también eran socios y consideran que esa participación terminó condicionando el equilibrio interno e impidiendo el avance de propuestas promovidas por otros sectores. Su condición de trabajadores municipales no les quita el derecho estatutario a votar como asociados, por lo que el cuestionamiento planteado apunta a la eventual influencia política y no, por sí mismo, a la legalidad de esos votos.

Las sospechas se profundizan por la convivencia entre responsabilidades públicas y lugares dentro de la estructura cooperativa. El estatuto incluso contempla expresamente una relación institucional con el poder local: de acuerdo con su artículo 49, la Municipalidad puede designar dos representantes ante la Cooperativa, quienes deben ser asociados y pueden participar de reuniones del Consejo y asambleas, con posibilidad de dejar asentadas sus observaciones.

La discusión, sin embargo, gira alrededor de cuánto peso termina adquiriendo la estructura política sobre una organización que debe responder a sus socios. Para los sectores críticos, la presencia simultánea de funcionarios o personas ligadas al Municipio en espacios de conducción abre interrogantes sobre eventuales conflictos de intereses y sobre la independencia necesaria para administrar un servicio público esencial.

Los cuestionamientos también llegan a las cuentas. El estatuto obliga a confeccionar anualmente inventario, balance general, estado de resultados y otros cuadros, mientras dispone que esos documentos, junto con informes de fiscalización, sean puestos a disposición de los asociados antes de la Asamblea que debe considerarlos. Además, regula específicamente el destino de los excedentes repartibles y contempla retornos a los asociados según las distintas secciones.

A esta disputa institucional se suma el impacto económico de la electricidad. En localidades donde numerosos hogares y actividades todavía carecen de gas natural, vecinos advierten que la dependencia energética convierte a las facturas eléctricas en un costo determinante para familias, comercios, emprendimientos y productores, algunos de los cuales atraviesan serias dificultades para sostener su actividad.

En ese punto, los cuestionamientos alcanzan directamente al intendente Walter Wischnivetzky. Frente al discurso municipal sobre la implementación de “políticas contracíclicas”, sectores críticos reclaman medidas concretas para aliviar los servicios esenciales, acompañar al entramado productivo, avanzar hacia una matriz energética más eficiente y promover mayores estándares de transparencia en la prestación.

Desde esa mirada, responsabilizar únicamente al ajuste nacional resulta insuficiente para explicar la situación que atraviesa Mar Chiquita. Los vecinos críticos también atribuyen responsabilidades a decisiones provinciales y locales, y advierten que la ausencia de planificación puede traducirse en comercios cerrados, emprendimientos que desaparecen, inversiones que no llegan y familias con crecientes dificultades.

La documentación acompañada confirma, además, la estructura institucional formal de Arbolito. Un acta certificada correspondiente al Consejo de Administración registra autoridades de la entidad y el otorgamiento de facultades de representación, mientras la certificación notarial identifica el libro como perteneciente a la Cooperativa Arbolito de Servicios Públicos, Obras, Consumo, Vivienda y Crédito de Mar Chiquita Limitada.

El conflicto termina planteando una discusión más profunda sobre el futuro de la entidad. Los asociados que reclaman cambios exigen recuperar una cooperativa administrada con participación efectiva, información accesible e independencia, y sostienen que Arbolito debe responder a quienes la sostienen económicamente y no convertirse en una extensión de ninguna estructura política.