Archivaron la causa contra Manuel Adorni por el viaje de su esposa, pero persisten cuestionamientos

La fiscal federal Alejandra Mángano solicitó archivar la denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el viaje de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial rumbo a Nueva York, al considerar que no existió delito ni perjuicio económico para el Estado.

El dictamen, presentado ante el juez Daniel Rafecas, sostiene que la inclusión de Angeletti en la comitiva oficial fue una decisión “razonable” dentro de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ya que había asientos disponibles y no se generaron gastos adicionales.

Sin embargo, el cierre judicial del caso no logró disipar las críticas políticas y éticas. La polémica se originó cuando el propio Adorni justificó la presencia de su esposa con una frase que generó rechazo público: “Vengo a deslomarme y quería que me acompañe”, comentario por el que luego pidió disculpas.

Aunque la investigación concluyó que no hubo malversación de fondos —ya que el viaje no implicó costos extra y el pasaje de regreso de Angeletti fue abonado de forma privada—, el episodio dejó al descubierto una zona gris en el uso de recursos del Estado. El hecho de que familiares de funcionarios puedan integrar comitivas oficiales sin una función clara reaviva el debate sobre los límites entre lo público y lo personal.

La denuncia había sido impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, quien cuestionó la legalidad del traslado. La fiscalía, tras analizar documentación oficial, manifiestos de vuelo y gastos asociados, concluyó que no se configuró delito.

Aun así, el caso se suma a otras investigaciones que involucran a Adorni, entre ellas causas por presunto enriquecimiento ilícito y supuestas dádivas, que continúan en trámite en el juzgado de Ariel Lijo con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.

Más allá del resultado judicial, el episodio deja una pregunta abierta en la escena política: si todo es legal, ¿también es legítimo? En tiempos de ajuste y recorte del gasto público, el uso de privilegios —aunque no constituyan delito— se convierte en un terreno sensible para la opinión pública.