Un tribunal de apelaciones de Argentina confirmó este martes los cargos contra el expresidente Alberto Fernández por presunto desfalco al Estado en la contratación de seguros para organismos públicos durante su gestión (2019-2023), dejándolo al borde del juicio oral.

La Cámara Federal de Apelaciones convalidó el procesamiento sin prisión preventiva del exmandatario de 66 años por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que prevé penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, ratificó el embargo de bienes por un equivalente a 10 millones de dólares y le impuso la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

El fallo respondió a las apelaciones presentadas por la defensa de Fernández y de una veintena de exfuncionarios y empresarios involucrados en la causa, que investiga un esquema de intermediación y direccionamiento de contratos de seguros impulsado desde 2021.

La justicia determinó que, a partir de un decreto firmado por Fernández en diciembre de ese año, el Estado nacional quedó obligado a contratar exclusivamente a Nación Seguros S.A., empresa pública que, a su vez, podía asociar aseguradoras privadas a través de coaseguros sin licitación. Según la investigación, esa estructura permitió asignar porcentajes de los contratos a compañías elegidas arbitrariamente y habilitó la intervención de intermediarios que cobraron comisiones millonarias.

Entre los principales beneficiados figura Héctor Martínez Sosa, esposo de la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero, también imputada. Sosa habría percibido cerca del 59,6% del total de las comisiones pagadas por Nación Seguros, según la resolución.

Para el tribunal de apelaciones, existió “una participación directa de Fernández en el entramado de negociaciones y ejercicio de influencias”, lo que respalda la continuidad del caso. Con este aval, el juez federal Sebastián Casanello queda habilitado para elevar el expediente a juicio oral, aunque la Cámara le encomendó profundizar la investigación para determinar el recorrido del dinero involucrado.

Fernández no se pronunció públicamente sobre la decisión. Su defensa había alegado la nulidad del proceso por supuesta afectación de garantías procesales y parcialidad del juez original, finalmente apartado.

El expresidente enfrenta además otra causa penal por lesiones leves, lesiones graves y amenazas coactivas contra su expareja, Fabiola Yáñez, cuya elevación a juicio fue solicitada por la fiscalía.