Después de meses de gestiones, viajes y conversaciones de alto nivel, el presidente Javier Milei consiguió avanzar en un marco para un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Pero, como suele ocurrir en estas historias diplomáticas, el capítulo más difícil recién empieza: adaptar la legislación argentina para cumplir con los compromisos asumidos.

Si bien ya se anunció un borrador con los lineamientos generales, el documento definitivo aún está en manos de los equipos técnicos de ambos países. Podría estar listo para firmarse en diciembre… o correrse al primer trimestre de 2026. En la última visita a Washington, el canciller Pablo Quirno viajó acompañado por funcionarios de Economía y de Desregulación, mostrando que este acuerdo no es de una sola ventanilla: es un paquete integral.

En ambas áreas admiten que pronto deberán enfocarse en modificar —y en algunos casos llevar al Congreso— un conjunto de leyes que hoy actúan como freno para implementar lo pactado.

“Ahora resta la revisión legal, las traducciones, la firma y, después, la implementación. Para eso habrá que cambiar normativas”, explicó uno de los especialistas involucrados en el proceso.

El Gobierno planea llamar a sesiones extraordinarias en diciembre, pero con una agenda ya cargada: reforma laboral, tributaria, nuevo Código Penal y ley de glaciares, entre otros puntos. Por ahora, no hubo instrucciones para incluir proyectos vinculados al acuerdo comercial con EE.UU. Si deben tratarse, sería recién el año próximo.

En el Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, creen que una parte importante podrá resolverse por vía administrativa o mediante la eliminación de trabas burocráticas. Sin embargo, reconocen que habrá cuestiones que sí requerirán discusión parlamentaria.

Entre los compromisos asumidos figuran:

• eliminar formalidades consulares para importaciones desde EE.UU.,

• reducir de manera gradual el impuesto estadístico para productos norteamericanos,

• aceptar directamente medicamentos aprobados por la FDA y vehículos que cumplan normas de seguridad estadounidenses, evitando controles duplicados en Argentina.

Otro capítulo clave es el de propiedad intelectual. El informe Special 301 de 2025, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU., volvió a señalar a la Argentina como un país con dificultades estructurales en materia de derechos de autor, ejemplificando con mercados informales como La Salada y zonas de venta callejera en la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno se comprometió a reforzar controles contra la falsificación física y digital y a modernizar el régimen de propiedad intelectual para alinearlo con estándares internacionales. Si bien en 2024 aumentaron los operativos, los informes norteamericanos insisten en que la actividad ilegal persiste por falta de medidas de fondo y sanciones efectivas.

Entre las medidas que podrían avanzar sin intervención legislativa figuran la habilitación del ingreso de carne aviar estadounidense en un plazo de un año, la flexibilización de términos utilizados para quesos y cortes, y la simplificación de los procesos de registro para carne vacuna, porcina y derivados. También se eliminaría la exigencia de registrar plantas para importaciones de lácteos.

Lo que sí deberá pasar por el Congreso es todo lo vinculado al capítulo laboral del acuerdo. Argentina prometió prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, lo cual requiere un marco normativo específico. La Constitución es clara: legislar en materia aduanera y regular el comercio exterior es una facultad del Poder Legislativo.

Por último, para facilitar el intercambio digital, Argentina reconocerá a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para transferencias transfronterizas de datos, incluidos los personales, y aceptará firmas electrónicas certificadas bajo estándares norteamericanos.

Con el acuerdo ya encaminado, ahora comienza el tramo más técnico y sensible: cambiar las reglas internas sin desarmar la arquitectura política local. Un equilibrio fino… y decisivo para el rumbo de la relación bilateral.