La adjudicación de la licitación del transporte urbano en Paraná volvió a quedar en el centro de la polémica, luego de que se denunciara una grave irresponsabilidad institucional del Municipio, al intentar trasladar el conflicto laboral a terceros. Según el planteo, el problema no se originó en el accionar del gremio ni de los trabajadores, sino en una licitación mal diseñada y adjudicada por el propio Estado municipal.

Desde el Municipio se intentó instalar la idea de que el conflicto surgió porque el sindicato no observó oportunamente un punto del pliego. Sin embargo, esa interpretación fue calificada como jurídicamente falsa, ya que aun cuando no haya existido una observación previa, eso no habilita al Estado a violar la ley ni exime a la intendente Rosario Romero de su responsabilidad como autoridad concedente.

En ese sentido, se recordó que la Ley de Contrato de Trabajo, particularmente su artículo 225, es una norma de orden público que no depende de reclamos sindicales, advertencias previas ni consensos políticos. Su cumplimiento es obligatorio y no puede ser relativizado por omisiones administrativas o interpretaciones convenientes del pliego.

El señalamiento apunta directamente al rol del Municipio de Paraná, que redactó el pliego, lo aprobó, adjudicó la licitación y controla el servicio, por lo que conocía o debía conocer la normativa laboral aplicable. La ignorancia, el silencio o la omisión, remarcan, no constituyen excusas válidas para el Estado.

Además, se advirtió que la intendente sí cuenta con facultades legales para corregir el pliego, exigir a la empresa adjudicataria la continuidad laboral y adecuar el contrato a la legislación vigente. No hacerlo, sostienen, no responde a una imposibilidad jurídica, sino a una decisión política de mantener una adjudicación defectuosa, aun sabiendo que vulnera derechos laborales.

El planteo también rechaza de manera tajante que se intente responsabilizar al gremio o a los trabajadores por una situación generada exclusivamente por el Estado municipal. En derecho laboral, remarcan, los derechos no se pierden por silencio sindical, omisiones administrativas ni contratos mal redactados.

Finalmente, se advirtió que si el Municipio persiste en esta postura, deberá responder ante la Justicia y ante la ciudadanía, especialmente si las consecuencias económicas de esta omisión terminan recayendo sobre las arcas públicas. “Los trabajadores no generaron este conflicto. Lo generó una licitación mal hecha y la decisión política de no corregirla”, concluye el planteo.