Hasta ese punto, el procedimiento era habitual. Sin embargo, el empleado le propuso una alternativa irregular: pagarle 200 mil pesos para “borrar” la infracción, entregándole incluso un CBU que luego se comprobó pertenecía a una cuenta personal.

La mujer se retiró sin realizar el pago y, tras verificar la infracción por sus propios medios, descubrió la maniobra. La multa aún podía abonarse con pago voluntario, lo que permitía cancelarla por la mitad.

De ese modo, el agente habría pagado la infracción con parte del dinero y quedarse con un saldo, configurando un claro aprovechamiento de su función pública. La denuncia llegó directamente al entonces intendente Guillermo Montenegro, quien fue alertado mediante un mensaje personal.

La Junta de Disciplina fue categórica al sostener que la prueba reunida confirmó sin margen de duda el intento de estafa y señaló que la conducta implicó una pérdida definitiva de la confianza pública, lo que justificó la cesantía por inconducta grave, más allá de que en un inicio se había sugerido una sanción menor. El caso también quedó bajo análisis de la Fiscalía de Delitos Económicos, que investiga posibles irregularidades más amplias en el área.

Este episodio se da en un contexto aún más delicado. La Dirección de Tránsito vuelve a quedar bajo sospecha por una nueva causa judicial vinculada a la emisión de licencias “truchas”, que incluye la entrega de carnets sin exámenes prácticos ni controles médicos. En ese marco, reapareció en el centro de la escena Ana Mariela Gómez, titular de la oficina de Licencias, quien fue trasladada a la delegación de Las Palmeras, en el barrio Constitución, en medio de fuertes cruces políticos.

Según la investigación en curso, existirían al menos una docena de casos irregulares y se analiza la posible participación de inspectores y empleados administrativos.

La Justicia avanza con el análisis de documentación, correos electrónicos y registros digitales que no coincidirían con los circuitos habituales. En paralelo, el Concejo Deliberante evalúa impulsar una comisión investigadora, mientras organizaciones vecinales reclaman mayor transparencia sobre los trámites cuestionados.

Con un empleado ya cesanteado y una causa judicial que podría escalar hacia otros funcionarios, el área de Licencias de Conducir vuelve a quedar bajo la lupa, reeditando un escenario de desconfianza institucional que el Municipio busca despejar, pero que la Justicia todavía intenta desentrañar.