Las irregularidades en torno al sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires volvieron a quedar bajo la lupa luego de que en el programa que conduce el periodista Santiago Cúneo en Canal 22 se difundieran documentos y acusaciones que mencionan directamente al municipio de Mar Chiquita dentro de un circuito de resoluciones administrativas vinculadas a la aplicación masiva de infracciones de tránsito.

Según las denuncias difundidas, el distrito gobernado por Walter Wischnivetzky habría quedado incorporado dentro de una estructura que habilita la utilización de equipos y sistemas de control de infracciones gestionados por empresas privadas, lo que para los denunciantes forma parte de un mecanismo destinado a multiplicar la recaudación a partir de las multas a conductores, especialmente en los corredores turísticos por donde circulan miles de vehículos durante los fines de semana y las temporadas de verano.

El foco de las críticas está puesto en las resoluciones administrativas que habrían autorizado la operación de equipos de fotomultas en distintos municipios de la provincia, entre ellos Mar Chiquita, Punta Indio, Dolores, Exaltación de la Cruz y General Pueyrredon. De acuerdo con lo expuesto, estas habilitaciones se habrían firmado en serie durante un corto período de tiempo, lo que despertó sospechas sobre la rapidez con la que se avanzó en la autorización de los sistemas.

En el caso particular de Mar Chiquita, se mencionó una resolución fechada el 28 de diciembre, mediante la cual se habría autorizado la utilización de equipamiento para detectar infracciones de tránsito con proveedores vinculados al sistema provincial de fotomultas. Para quienes cuestionan el esquema, esta decisión habría permitido consolidar un modelo de recaudación basado en la instalación de dispositivos de control en rutas muy transitadas por turistas.

Las denuncias también señalan que algunos de los equipos utilizados para registrar infracciones serían cámaras móviles instaladas en vehículos, lo que genera interrogantes sobre la legalidad de las multas emitidas en determinadas zonas. Según los cuestionamientos, en varios casos estos sistemas se habrían utilizado en lugares donde no existirían habilitaciones claras para ese tipo de controles.

El problema, aseguran los críticos del sistema, no se limita únicamente a la aplicación de infracciones. También se apunta al volumen de dinero que genera el esquema. De acuerdo con lo denunciado, el sistema de fotomultas en la provincia estaría generando ingresos que podrían alcanzar los 2.600 millones de pesos por mes, una cifra que alimenta el debate sobre quiénes se benefician realmente con la estructura de sanciones de tránsito.

En paralelo, también se cuestiona el funcionamiento del Sistema Único de Administración de Infracciones de Tránsito (SACIT), la plataforma informática donde se cargan y procesan las multas. Según trascendió, desde el propio Ministerio de Transporte se habría señalado que el sistema se encuentra saturado por la enorme cantidad de infracciones registradas, lo que habría derivado en la propuesta de contratar una auditoría tecnológica integral.

El punto más polémico aparece justamente en ese proceso de auditoría. De acuerdo con la documentación mencionada en las denuncias, el servicio tendría un presupuesto cercano a 990 millones de pesos por un plazo de doce meses, con el objetivo de revisar la infraestructura tecnológica, las bases de datos y los sistemas asociados al SACIT.

Quienes siguen el tema sostienen que detrás de esta auditoría podría existir un conflicto de intereses, ya que se menciona la participación de empresas vinculadas a familiares de funcionarios del propio Ministerio de Transporte, lo que abre interrogantes sobre la transparencia del proceso.

En este contexto, Mar Chiquita aparece como uno de los municipios donde el sistema de fotomultas habría sido habilitado mediante resoluciones firmadas en un corto lapso, lo que para los denunciantes evidencia una estrategia destinada a ampliar rápidamente la red de control en rutas utilizadas por turistas.

La preocupación radica en que el municipio podría convertirse en una pieza clave dentro del circuito de recaudación por infracciones, aprovechando el intenso tránsito que se registra en los accesos a la costa atlántica. Para quienes critican el sistema, la instalación de estos dispositivos no tendría como prioridad mejorar la seguridad vial, sino incrementar la cantidad de multas aplicadas a los conductores.

Hasta el momento, no hubo respuestas públicas del municipio de Mar Chiquita ni del Ministerio de Transporte bonaerense respecto de estas acusaciones. Sin embargo, las denuncias volvieron a encender el debate sobre el funcionamiento del sistema de fotomultas, el rol de las empresas privadas en su operación y el impacto económico que las sanciones de tránsito tienen sobre quienes circulan por las rutas de la provincia.