De acuerdo a lo expuesto, el magistrado habría desconocido los fundamentos fácticos y jurídicos presentados por la querella, condicionando el alcance del juicio oral a una acusación que solo el Ministerio Público Fiscal podría eventualmente ampliar, pese a que la fiscalía mantuvo una postura constante de limitar el caso a un solo episodio. Para Maturana, esta convergencia de criterios entre el juez y el fiscal afecta la independencia del tribunal y anticipa una posición sobre el fondo del asunto.

La presentación detalla una extensa secuencia procesal en la que se cuestiona la exclusión de la querella en audiencias clave, el intento de avanzar en salidas alternativas sin su conformidad, y la homologación de un acuerdo que fue posteriormente dejado sin efecto por la Cámara Federal de Casación Penal, al considerar que debía analizarse la posible contaminación prolongada de playas, aire y organismos de la población durante años.

El planteo también denuncia la negativa sistemática a permitir el acceso a documentación relevante, el rechazo reiterado de medidas probatorias solicitadas y la aplicación de correctivos procesales contra la querella, mientras se convalidaban planteos de la fiscalía y las defensas. Según se argumenta, esto afectó el principio de igualdad de armas y el derecho a ser oído en una causa que involucra la protección de la salud pública y el ambiente.

Uno de los ejes centrales es la no aplicación del principio precautorio, pese a informes técnicos que, según la querella, indicarían la continuidad de vertidos y emanaciones por encima de los límites legales. Se citan análisis de la Policía Federal que darían cuenta de residuos con características comprendidas en la Ley 24.051 y de factores odorantes persistentes, lo que justificaría medidas urgentes de cese y mitigación del daño ambiental.

Finalmente, Maturana sostiene que el magistrado no puede ser percibido como ajeno a intereses extrajurídicos y que sus decisiones previas evidencian una opinión preformada que compromete la confianza pública en la administración de justicia. En ese marco, solicita su apartamiento para garantizar un juicio imparcial en una causa que investiga presuntos delitos ambientales de larga data en el ámbito portuario de Mar del Plata.

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