Detienen en Río de Janeiro a influencer argentina acusada de gestos racistas en un bar de Ipanema

Un viaje de vacaciones a Río de Janeiro terminó en un grave conflicto judicial para Agostina Páez, una abogada e influencer argentina de 29 años, quien fue detenida en Brasil tras ser denunciada por gestos e insultos racistas contra empleados de un bar del barrio de Ipanema.

El episodio ocurrió el miércoles pasado, cuando Páez se encontraba con amigas en un local gastronómico de la zona. Según la denuncia presentada por trabajadores del establecimiento, la situación se originó a partir de una discusión por un presunto error en el pago de la cuenta.

De acuerdo con el testimonio de la empleada afectada y de otros testigos, mientras el personal revisaba las cámaras de seguridad para verificar el pago, la joven reaccionó de manera violenta. En ese contexto, habría señalado a una trabajadora y realizado gestos y sonidos imitando a un mono, conducta considerada racista y que motivó la intervención inmediata de la policía.

Tras el incidente, Páez fue trasladada a una dependencia policial y quedó formalmente imputada por racismo, un delito severamente penado por la legislación brasileña. La Justicia ordenó la retención de su pasaporte para impedir que abandone el país mientras avanza la investigación y dispuso su traslado al sistema penitenciario para la colocación de una tobillera electrónica de monitoreo.

La acusada es oriunda de Santiago del Estero y contaba con una amplia presencia en redes sociales, donde superaba los 40 mil seguidores en Instagram y los 80 mil en TikTok. Tras la difusión pública del caso, sus cuentas fueron desactivadas o configuradas como privadas.

Agostina Páez es hija de Mariano Páez, empresario del transporte que fue noticia recientemente tras ser detenido por una denuncia de violencia de género. En ese momento, la joven había declarado públicamente que no justificaba el accionar de su padre y que debía responder ante la Justicia.

Actualmente, la abogada permanece en territorio brasileño bajo vigilancia electrónica, a la espera de las definiciones judiciales en la causa, en un país donde los delitos de racismo son considerados imprescriptibles y pueden implicar penas de prisión efectiva.