El Gobierno enfrentó este miércoles su primera gran pulseada parlamentaria del año y consiguió la media sanción en el Senado de la reforma laboral, uno de los proyectos centrales de su agenda económica. La sesión, que se extendió hasta las 3:45 de la madrugada, culminó con 42 votos afirmativos y 30 negativos, tras intensas negociaciones que obligaron al oficialismo a introducir más de 20 modificaciones al texto original.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, apunta a dinamizar el mercado laboral, promover el empleo registrado y reducir la litigiosidad en el sistema, un eje que el Ejecutivo define como el fin de la “industria del juicio”.

En el tramo final de las negociaciones, los gobernadores lograron garantizar que no habrá recortes en el Impuesto a las Ganancias, tributo coparticipable que representa una fuente clave de ingresos para las provincias. Ese compromiso fue determinante para asegurar respaldos decisivos.

Por su parte, los gremios también obtuvieron concesiones. Se mantuvieron los aportes patronales destinados a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario, aunque persiste el rechazo sindical a otros aspectos de la iniciativa. En ese marco, sectores gremiales convocaron a movilizaciones frente al Congreso y protestas en distintos puntos del país.

Entre los capítulos aprobados se destacan la creación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), la Promoción del Empleo Registrado (PER) y el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), además de modificaciones impositivas y reducciones en la carga tributaria.

El RIFL establece un esquema temporal para fomentar la registración de trabajadores, con contribuciones patronales reducidas al 2% y un 3% destinado al subsistema de seguridad social. A su vez, se dispuso que a partir del 1° de enero de 2027 los empleadores deberán aportar un 6% a las obras sociales por los trabajadores en relación de dependencia.

En cuanto al PER, se habilita a los empleadores a regularizar relaciones laborales vigentes con condonación de deudas por aportes no realizados. El RIMI, en tanto, busca incentivar inversiones nacionales y extranjeras, mientras que las modificaciones tributarias incluyen cambios en el IVA para sistemas de riego y una reducción en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias, que pasarán del 30% al 27% y del 35% al 31,5%.

Uno de los puntos más debatidos fue el capítulo referido a aportes compulsivos. Finalmente, se estableció que el aporte sindical de cada trabajador podrá ser de hasta el 2% de su salario, mientras que las cargas patronales no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones totales. Una moción del PRO para que el aporte sindical requiera consentimiento expreso fue rechazada.

Con la media sanción obtenida, el oficialismo celebra un avance político relevante en el inicio del año legislativo. Sin embargo, el debate promete reeditar tensiones en Diputados, donde la aritmética parlamentaria vuelve a ser ajustada y el clima social ya empieza a marcar el pulso de la discusión.