En Río Negro crecen las críticas tras conocerse la dimensión del colapso sanitario y social

La nueva exposición de la Defensoría del Pueblo terminó de desnudar lo que miles de rionegrinos vienen gritando hace meses: el gobierno de Alberto Weretilneck no está cumpliendo con sus deberes más elementales.

Salud pública al borde del colapso, IPROSS en caída libre, tarifas impagables y servicios esenciales que funcionan a los tumbos. Para la ciudadanía, la sensación es una sola: el Estado provincial dejó de estar.

El informe presentado por la Defensora Adriana Santagati fue un verdadero cachetazo institucional. Más de 5200 reclamos procesados en un año, y un dato demoledor: Salud Pública volvió a ser el área con más quejas, acaparando el 19 por ciento del total.

No es un número, es un grito de desesperación. Faltan medicamentos, faltan prótesis, faltan insumos y falta conducción. Los hospitales se sostienen como pueden, no gracias al gobierno, sino a pesar de él.

IPROSS, la obra social estatal que debería brindar seguridad a miles de familias, está hoy en uno de sus peores momentos históricos. La cobertura real de medicamentos cayó a un insólito 9 por ciento o 11 por ciento, cuando por ley debería ser del 50 por ciento.

La Defensoría habló de demoras, falta de respuestas y un sistema que está dejando a los afiliados librados a su suerte. Para muchos, IPROSS ya no es un respaldo: es una amenaza a su salud.

Pero la ineficacia oficial no se detiene ahí. Los servicios públicos están al borde del escándalo. Tarifas de gas con aumentos de hasta 486 por ciento, facturas de electricidad imposibles de pagar, segmentación mal aplicada y errores de facturación que golpean sin piedad a hogares y comercios.

Mientras tanto, el gobierno provincial actúa como si fuera un espectador distante, incapaz de defender a su propia población en un contexto económico crítico.

En las escuelas, la situación es igual de alarmante. La Defensoría relevó 98 establecimientos y encontró de todo: filtraciones, fallas en calefacción, problemas estructurales y mantenimiento inexistente. La educación pública, en manos de una gestión sin rumbo, se deteriora día a día.

La salud mental tampoco escapa al derrumbe. De 461 internaciones, 414 fueron involuntarias y 120 correspondieron a menores. Un dato que debería horrorizar a cualquier administración responsable. Pero en el gobierno provincial, el silencio pesa más que la preocupación.

A este cuadro se suman estafas digitales en aumento, débitos indebidos, créditos no solicitados y una ciudadanía completamente desprotegida frente a sistemas financieros que operan sin control. La Provincia mira para otro lado. Los rionegrinos pagan las consecuencias.

Mientras la provincia acumula crisis, Weretilneck opta por la estrategia de siempre: cortar cintas, inaugurar edificios y mostrar gestión de cartón pintado. Pero puertas adentro, los hospitales carecen de insumos, las escuelas se deterioran, los usuarios reciben boletas imposibles de pagar y la gente revienta de bronca en oficinas públicas que no dan respuestas.

Lo que dejó claro la Defensoría es que el malestar social no es invento político, ni campaña opositora, ni exageración mediática. Son los rionegrinos los que están diciendo que el Estado no funciona. Que la salud no funciona. Que IPROSS no funciona. Que los servicios públicos no funcionan.