Annobón queda en el centro de una investigación de Naciones Unidas por abusos estatales y deterioro ecológico

El documento enviado a los Procedimientos Especiales detallaba problemas severos: degradación ambiental, vertido de residuos, falta de infraestructura básica, aislamiento y exclusión, discriminación, violencia estatal, restricciones a la libertad de expresión, interferencias en la prensa y detenciones arbitrarias.

La situación se agravó en julio de 2024, cuando residentes y activistas publicaron un manifiesto comunitario denunciando destrucción ambiental y riesgos para la salud. En vez de atender los reclamos, el gobierno cortó los servicios de telefonía e internet, aislando completamente a la población.

Poco después, 42 habitantes fueron detenidos, incluyendo referentes comunitarios que participaron en protestas pacíficas. Tres meses más tarde solo cinco mujeres mayores fueron liberadas, acusadas de rebelión. En junio de 2025, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU condenó el accionar estatal y declaró las detenciones como arbitrarias, lo que impulsó la liberación de los 37 detenidos restantes. Sin embargo, un año después, vecinos denuncian mayor militarización, intimidación y abusos por parte de las fuerzas desplegadas.

Las cartas de la ONU: explosivos, minería irregular y agua contaminada

En agosto de 2025, los Relatores Especiales sobre medio ambiente, reunión pacífica, vivienda, minorías, defensores de derechos humanos, desechos peligrosos, agua y saneamiento, junto a dos Grupos de Trabajo, enviaron Cartas de Asesoramiento Conjunto (JAL) tanto al gobierno como a SOMAGEC.

Los expertos señalaron problemas críticos: extracción irregular de minerales, uso de explosivos, destrucción de tierras agrícolas, inundaciones repentinas, riesgo de desaparición del lago Mazafín y contaminación de fuentes de agua esenciales.

Advirtieron además que los proyectos de agua potable instalados por SOMAGEC no cumplen estándares básicos de calidad, obligando a la población a caminar largas distancias para buscar agua en ríos, aun cuando esa opción también resulta peligrosa.

Aunque la compañía, liderada por el multimillonario Roger Sahyoun, presentó sus obras de infraestructura militar como contribuciones positivas, la ONU subrayó que éstas benefician principalmente a la élite gobernante, profundizando la desigualdad y la represión.

Reacciones y apoyo internacional

La UNPO celebró el envío de las cartas, calificándolo como un paso decisivo hacia la rendición de cuentas, y condenó tanto la respuesta de SOMAGEC, que negó cualquier irregularidad, como el silencio del Estado ecuatoguineano.

La creciente visibilidad internacional del caso impulsó además una reacción política inédita: la diputada argentina Lourdes Arrieta presentó un proyecto de declaración que condena la escalada militar, las detenciones arbitrarias y la degradación ambiental en Annobón, convirtiendo a Argentina en el primer país del mundo en pronunciarse oficialmente sobre la situación.

La UNPO afirmó que continuará trabajando para mantener la atención global sobre la isla y exigir soluciones reales para la comunidad annobonesa, que sigue enfrentando condiciones críticas, aislamiento forzado y un deterioro acelerado de su entorno natural.

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