El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio volvió a quedar bajo la lupa judicial. Esta vez, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, lo procesó por presunto lavado de activos y dispuso un embargo por trescientos cincuenta millones de pesos.

Pese a la gravedad de la acusación, el exfuncionario seguirá en libertad, un beneficio que parece ya un clásico cuando se trata de figuras con recorrido político.

La resolución alcanzó también a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, quien cargó con un embargo de trescientos millones de pesos.

Ambos quedaron involucrados en una causa que avanza desde septiembre de 2024, cuando una denuncia los señaló por integrar una estructura dedicada a desviar fondos provenientes del sistema de multas de tránsito en varios municipios bonaerenses.

La presentación inicial mencionaba además un dato que la Justicia consideró clave: la compra de una camioneta Audi Q8 a nombre de Asensio en octubre de 2023 por treinta millones de pesos. El contraste entre ese monto y el valor declarado en la póliza de seguro -más de ciento setenta y tres millones de pesos- despertó obvias sospechas.

Los peritajes posteriores revelaron que el uso habitual del vehículo correspondía a D’Onofrio, quien aparecía autorizado a manejarlo y era el encargado de pagar el Telepase. Un nivel de coincidencias difícil de justificar incluso para los estándares de creatividad política que suelen aplicarse en estos expedientes.

En su indagatoria, D’Onofrio insistió en que no era el dueño del vehículo y aseguró haberlo conducido solo una vez. Asensio, en cambio, admitió haberle otorgado una cédula azul, aunque sostuvo que adquirió la camioneta con fondos familiares. Para el juez, las explicaciones no resistieron el peso de la evidencia, y concluyó que Asensio actuó como interpuesto registral para ocultar la verdadera propiedad.

La diferencia entre el valor de compra y el valor asegurado, sumada a un contrato de mutuo sin respaldo económico real, terminó de completar el cuadro de una maniobra para disimular el origen y la titularidad del vehículo.

Mientras tanto, la Justicia provincial sigue adelante con otra causa que también tiene como protagonista al ex ministro. Ese expediente, conducido por el fiscal platense Álvaro Garganta, investiga presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas, la VTV y la asignación de concesiones, además de revisar el patrimonio de exfuncionarios y allegados. Un terreno donde, una vez más, D’Onofrio aparece en el centro de la escena.

La renuncia del exministro al gabinete bonaerense, presentada el treinta de diciembre con la explicación de “motivos personales”, quedó ahora completamente orbitada por el avance de ambas causas.

Y mientras la Justicia sigue apilando expedientes, queda claro que esta vez tampoco parece dispuesta a dejar a un kirchnerista sin revisión minuciosa, sobre todo cuando las sospechas apuntan a maniobras que ya no sorprenden, pero que siguen generando nuevas causas en los tribunales.