Una denuncia anónima señala posibles hechos de corrupción en el ámbito de la Dirección de Educación Artística, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense.

Según la presentación, la directora del área, Silvana Nicolini, habría incurrido en nombramientos y decisiones administrativas que podrían violar el Estatuto del Docente y la normativa vigente sobre incompatibilidades laborales.

De acuerdo con la información recibida, Nicolini (quien asumió en marzo de 2024 y cuya designación es cuestionada por la falta de antecedentes profesionales en el área) habría nombrado en junio a un docente universitario de la Facultad de Artes como asesor de la Dirección.

La denuncia sostiene que esta persona ya participa de varias cátedras dentro de la institución universitaria, lo que generaría una superposición horaria directa con la nueva función dentro de la DGCyE.

El caso toma relevancia porque la normativa del Estatuto del Docente es clara respecto de las incompatibilidades. El artículo 28 establece las combinaciones posibles entre cargos y horas de trabajo, siempre que no exista superposición horaria. En caso de que dicha superposición esté presente, la acumulación se vuelve incompatible, incluso si la combinación formalmente está permitida. Esta situación, según marca el artículo 30, constituye una falta grave.

La reglamentación vigente, enmarcada en el Decreto 2485/92 y sus complementarios, indica que cuando se detecta una incompatibilidad se debe intimar al agente a optar por uno de los cargos. Si esa opción no se realiza, la autoridad puede disponer el cese directo del último cargo asumido.

La normativa también contempla escenarios más graves: si la superposición horaria implica el cobro de haberes sin la prestación completa del servicio, corresponde iniciar un sumario e incluso presentar una denuncia penal, además de exigir la devolución de los montos percibidos indebidamente.

La fuente que realizó la presentación anticipó que en breve enviará las pruebas concretas de la superposición horaria del asesor designado. Mientras tanto, el caso abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno dentro de la DGCyE y sobre la transparencia en las designaciones realizadas en áreas sensibles del sistema educativo.

Las autoridades provinciales aún no han emitido declaraciones sobre la denuncia, pero se espera que, de confirmarse los datos, se active un procedimiento administrativo para determinar responsabilidades y verificar si se configuró una irregularidad que pueda derivar en sanciones.