La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió extender el plazo de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos, que pasará del 31 de mayo al 31 de julio. La medida se da en un contexto de creciente controversia en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y la adquisición de inmuebles no declarados.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 3/2026 publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma de la titular del organismo, Gabriela Carmen Zangaro. En el documento se explica que la modificación responde a la necesidad de adecuar los plazos de las declaraciones juradas patrimoniales a los vencimientos fiscales establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según se detalló, los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales vencen durante la primera quincena de junio, por lo que se consideró necesario otorgar un margen adicional para que los funcionarios puedan completar correctamente la información requerida en la Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI), en cumplimiento de la Ley N° 25.188.

Desde la OA señalaron que la presentación de la DJPI se realiza en tres instancias: al inicio de la función pública, de manera anual y al momento del cese en el cargo.

El contexto político añade tensión a la medida. Adorni se encuentra bajo la lupa por presuntas irregularidades patrimoniales, aunque en paralelo la Justicia archivó una causa vinculada al viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial hacia la denominada “Argentina Week”.

La decisión fue tomada por el juez federal Daniel Rafecas, tras un dictamen favorable de la fiscal Alejandra Mangano. El magistrado concluyó que el viaje no implicó gastos adicionales para el Estado ni configuró una irregularidad, ya que existían lugares disponibles en la aeronave oficial.

Así, mientras el Gobierno justifica la prórroga por cuestiones administrativas, el debate público se mantiene enfocado en la transparencia y el control del patrimonio de los funcionarios.