Durante semanas se intentó justificar como “fallas técnicas” lo que hoy aparece como una secuencia grave y repetida dentro del área de licencias de conducir.

Vecinos de Mar del Plata que habían abonado correctamente los timbrados, incluido el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), vieron cómo sus pagos desaparecían del sistema como si nunca hubieran existido, frenando trámites y obligando a muchos a pagar nuevamente.

El dato central es contundente: no existió ningún error del sistema. Una consulta elevada a la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial y respaldada por correos oficiales de soporte determinó que al menos doce pagos válidos del CENAT, de 8840 pesos cada uno, fueron dados de baja manualmente. El informe además identifica a un usuario específico del sistema como responsable de esas anulaciones. No fue automático, no fue accidental, fue una acción humana sostenida en el tiempo.

Eliminar pagos reales desde un sistema oficial no es una irregularidad menor: es una maniobra que compromete la fe pública, daña al ciudadano y expone una falla profunda en los controles internos. Doce veces no es un error. Es conducta.

La desorganización fue tal que, en uno de los casos detectados, el propio Director General de Licencias terminó pagando de su bolsillo los timbrados para evitar que el vecino cargara con un costo que no le correspondía. El gesto, lejos de cerrar el conflicto, dejó en evidencia un punto crítico: el Estado no respondió como institución.

El episodio, además, no aparece aislado. Ya existe una Instrucción Penal Preparatoria en trámite en la Fiscalía de Delitos Económicos, con pruebas de operatorias de características similares vinculadas a la gestión irregular de infracciones para obtener el libre deuda. Dentro de ese contexto vuelve a aparecer un elemento inquietante: el uso de un teléfono identificado como “CENAT”, cuyas comunicaciones forman parte de actuaciones judiciales previas. Las capturas existen, los antecedentes también.

Con este marco, resulta difícil de sostener que el WhatsApp oficial de la dependencia continúe siendo administrado por una ex secretaria que actualmente cumple funciones en una sede descentralizada conocida como “Las Palmeras”, y sobre quien pesan antecedentes administrativos y judiciales mencionados dentro del ámbito municipal.

Frente a este cuadro, el Municipio no tiene margen para la ambigüedad. Corresponde abrir un sumario administrativo inmediato, disponer el apartamiento preventivo de la persona involucrada de toda función ligada al área y al acceso a sistemas sensibles, preservar registros y respaldos informáticos, y evaluar la denuncia judicial correspondiente. Cualquier demora ya no es neutral: compromete responsabilidades jerárquicas.

Pagos borrados, usuario identificado, correos oficiales que descartan errores y antecedentes que se repiten. Seguir hablando de casualidades es subestimar a los vecinos. Cuando el sistema falla siempre para el mismo lado, el problema no es la tecnología: es quién tiene las manos en el teclado y quién decide mirar para otro lado.