La pobreza en niños y adolescentes alcanzó el 53,6% en 2025 en Argentina, mientras que la indigencia se ubicó en el 10,7%, según la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) de la Universidad Católica Argentina. Aunque los datos muestran una leve mejora en los últimos dos años, el informe es contundente: las privaciones persisten, las desigualdades se profundizan y la dependencia de la asistencia social se consolida.

El diagnóstico golpea de lleno al modelo económico del gobierno de Javier Milei, que prometía una recomposición rápida tras el ajuste inicial. Sin embargo, los números reflejan un escenario donde más de la mitad de las infancias sigue atrapada en condiciones de vulnerabilidad.

La serie histórica confirma que el problema no es nuevo, pero tampoco resuelto. Desde el 45,2% en 2010, la pobreza infantil atravesó altibajos hasta alcanzar picos cercanos al 65% durante la pandemia y un máximo del 62,9% en 2023. La baja reciente no logra revertir el deterioro acumulado: hoy los niveles continúan muy por encima de los registrados en los mejores años de la década pasada.

En paralelo, la indigencia —que llegó al 17,7% en 2024— descendió en 2025, aunque sigue reflejando la fragilidad de los sectores más postergados.

Uno de los datos más críticos es la inseguridad alimentaria: el 28,8% de los niños y adolescentes tuvo dificultades para acceder a una alimentación adecuada, y un 13,2% atravesó situaciones severas. El problema se concentra en los sectores de menores ingresos y en el Conurbano bonaerense, donde la crisis social muestra su cara más dura.

En ese contexto, la asistencia alimentaria alcanzó un récord del 64,8%, impulsada por políticas como la Tarjeta Alimentar y la expansión de comedores. Lejos de reducirse, la ayuda estatal se volvió más necesaria que nunca.

Al mismo tiempo, la cobertura de la Asignación Universal por Hijo cayó al 42,5%, dejando a sectores vulnerables fuera del sistema. La propia UCA advirtió que estas políticas no logran cubrir completamente las necesidades de los hogares.

Para Ianina Tuñón, el problema es estructural: “Estas políticas no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos”, explicó, y remarcó la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los adultos como eje central.

El informe también revela otras dimensiones de la crisis: el 19,8% de los chicos dejó de asistir al médico o al odontólogo por razones económicas, el 18,1% vive en viviendas precarias, el 20,9% en condiciones de hacinamiento y el 42% no tiene acceso a saneamiento adecuado. A esto se suma que el 37,5% sufre privaciones en vestimenta, con impacto no solo material sino también emocional.

En paralelo, la caída de la natalidad refleja el trasfondo social: los hogares con niños pasaron del 56% en 1991 al 44% en 2022, con una fecundidad de 1,4 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo.

Con mejoras que no alcanzan y desigualdades que persisten, el informe de la UCA expone un dato incómodo: la pobreza infantil en Argentina no solo resiste los cambios de gobierno, sino que sigue creciendo en el largo plazo. Y, por ahora, las promesas de recuperación no logran torcer esa tendencia.