La noticia que sacude los cimientos de la seguridad marplatense no viene de un operativo contra el narcotráfico ni de una estadística alarmante, viene de una oficina con olor a café frío y política callejera.

Gaston Herrera, un integrante de la seccional local del Ministerio de Seguridad bonaerense que responde directamente al ministro Javier Alonso, se convirtió en la pieza clave de un tablero que mueve Gustavo Pulti, ese ex intendente que nunca terminó de irse del todo y que ahora, como concejal, sigue creyendo que la ciudad es su quinta personal.

Pulti, con la sutileza de un martillo neumático, recomendó a Herrera para Atlántica II, pero eso es apenas la cortina de humo de una operación mucho más jugosa que tiene como objetivo principal reacomodar las fichas policiales a su antojo.

El plan es tan transparente como una coima mal disimulada, consiste en acomodar al comisario mayor Cristian Daniel Fontana, actual jefe de la Departamental de Policía, en la Superintendencia de Policía de la zona Mar del Plata-Mar Chiquita, un cargo que suena a ascenso pero que en la práctica es una pieza clave para controlar el territorio desde las sombras.

Para que eso suceda, la movida implica un simple gesto de magia política, sacar a Juan Olmos del camino como si fuera un estorbo en una mesa de ping pong, sin importar que la inseguridad siga creciendo mientras estos señores juegan a los castillos con los cargos públicos.

No es casualidad que desde el Municipio de General Pueyrredon, en ese clásico off the record que tanto gusta a los funcionarios cuando quieren ensuciar sin mancharse, hayan soltado una frase que es un misil directo a la gestión actual: “La inseguridad crece interminablemente gracias a esta gente”.

La frase no es un lamento, es un diagnóstico político, una confesión disfrazada de crítica que deja al descubierto lo que todos saben pero nadie dice en voz alta, la inseguridad no es un problema de gestión, es un problema de rosca, de acomodos y de lealtades que se pagan con destinos laborales.

Mientras los vecinos de Mar del Plata cierran sus puertas con doble llave y cruzan los dedos para que no les toque un episodio violento, Herrera, Pulti y su pandilla de operadores políticos están más preocupados por quién ocupa qué despacho que por bajar los índices de delitos que crecen como la espuma.

Esta danza de sillas musicales tiene un solo ganador, el que mueve los hilos desde atrás, ese ex intendente que nunca dejó de sentirse dueño del distrito y que ahora, con la excusa de recomendar un nombre para Atlántica II, está armando una jugada maestra para colocar a su gente en los lugares que realmente importan.

El problema de fondo no es si Fontana es mejor o peor que Olmos, el problema es que esta movida no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana y todo que ver con el poder territorial, con esa vieja costumbre política de repartir el mapa como si fuera una pizza y todos quisieran el pedazo con más queso.

Mientras tanto, el ministro Javier Alonso, que desde su despacho de La Plata mira hacia la costa con la tranquilidad de quien sabe que los problemas ajenos siempre pesan menos, termina siendo el aval tácito de una operación que huele a vieja política, a esas mismas prácticas que los ciudadanos repudian cuando van a votar pero que los políticos repiten como un mantra cada vez que pueden.

El verdadero escándalo no es el pase de Fontana, el escándalo es que mientras estos señores mueven las piezas del ajedrez burocrático, los marplatenses siguen siendo rehenes de una inseguridad que nadie combate porque todos están demasiado ocupados cuidando su propia butaca.