El conflicto entre Cervecería y Maltería Quilmes (CMQ) y su ex distribuidor QUILBEB SUR SA escaló a la Justicia penal con la presentación de una denuncia encabezada por el abogado Fernando Burlando.

El escrito, radicado en el Juzgado de Garantías 4 de Quilmes a cargo del juez Damián Vendola, apunta a presuntos delitos de asociación ilícita, fraude comercial, desobediencia judicial, usurpación y privación ilegítima de la libertad.

Según la denuncia, funcionarios de la cervecera habrían intentado apropiarse de un inmueble en el Parque Industrial Plátanos (Berazategui), desobedeciendo medidas cautelares, y se investiga además la retención ilegal de un chofer durante los hechos.

Actualmente existen tres expedientes judiciales en curso, con fiscalías de Quilmes, La Plata y Berazategui, que incluyen delitos como desbaratamiento de empresas y evasión fiscal. Burlando afirmó que "se trata de un atropello institucional que busca eliminar a un distribuidor histórico para beneficiar a otros actores cercanos a la empresa".

El abogado advirtió que impulsará "todas las medidas necesarias, desde allanamientos hasta exhortos internacionales, para que los responsables den la cara en la Justicia".

En la causa aparecen mencionados altos directivos de CMQ y de AB InBev Brasil, entre ellos Martín Ticinese, Tomás Eloy Fracchia, Fabio Baracho Martinelli, Gonzalo Fagioli y hasta Michel Doukeris, CEO global de la multinacional.

Por su parte, el abogado Javier Ignacio Baños, también representante legal de QUILBEB SUR, sostuvo que "no es un hecho aislado, sino una estrategia sistemática de exclusión que violenta los principios básicos de la competencia leal y del respeto a las resoluciones judiciales".

Mientras tanto, la Justicia citó a indagatoria para los días 7 y 9 de octubre a dos imputados de la distribuidora Beneroni SA, actual socia de Quilmes, acusada de participar en maniobras de usurpación, defraudación y robo.

El equipo de Burlando insiste en que esperan un accionar "rápido y contundente" de la Justicia para frenar lo que califican como "una embestida contra la propiedad privada y los derechos comerciales".