El conflicto judicial entre Cervecería y Maltería Quilmes (CMQ) y su ex distribuidor QUILBEB SUR SA sigue sumando capítulos, con nuevas medidas judiciales y la ampliación de imputaciones que complican a la empresa de capitales extranjeros y a sus socios locales.

La denuncia, impulsada por el abogado Fernando Burlando y acompañada por su par Javier Ignacio Baños, apunta a un entramado de maniobras fraudulentas y abusos de poder empresarial en perjuicio de uno de los distribuidores históricos de la cervecera.

El caso ya está en manos del juez de Garantías 4 de Quilmes, Damián Vendola, y la fiscal de la UFIyJ 4 de Berazategui, Silvia Borrone, quien ordenó una serie de medidas probatorias de urgencia.

El escrito judicial acusa a altos directivos de CMQ y del grupo AB InBev (entre ellos el presidente Martín Ticinese y el vicepresidente Tomás Fracchia) por presuntos delitos de asociación ilícita, usurpación, fraude al comercio, sabotaje empresarial, desobediencia judicial y privación ilegítima de la libertad.

Según la denuncia, el 26 de mayo de 2025 se produjo una irrupción violenta en el depósito de QUILBEB SUR, ubicado en el Parque Industrial Plátanos de Berazategui.

El operativo habría sido encabezado por Miguel Ángel Staropoli y Carlos Pérez, quienes, con apoyo policial, impidieron el ingreso del personal, retuvieron a un chofer de la firma y se llevaron documentación, vehículos, dinero y mercadería.

En la acción habría intervenido además el Grupo Veneroni, actual distribuidor vinculado a la cervecera.

Staropoli y Pérez ya fueron notificados de su imputación. En tanto, la Justicia citó a declaración indagatoria para los días 7 y 9 de octubre a dos representantes de la distribuidora Beneroni SA, empresa que actualmente opera junto a Quilmes, acusados de participar en maniobras de usurpación, defraudación y robo.

En paralelo, la causa acumula expedientes en Quilmes y La Plata que incluyen denuncias por desbaratamiento de empresas y evasión fiscal. Burlando calificó el episodio como "un atropello institucional que busca eliminar a un distribuidor histórico para beneficiar a otros actores vinculados a la empresa", y adelantó que pedirá "allanamientos y exhortos internacionales para que los responsables enfrenten la Justicia".

Por su parte, Baños remarcó que no se trata de un hecho aislado, sino de "una estrategia sistemática de exclusión y concentración del mercado que viola los principios de competencia leal y respeto por las resoluciones judiciales".

El equipo legal de QUILBEB SUR espera que la Justicia actúe con "celeridad y contundencia" frente a lo que consideran "una embestida contra la propiedad privada y los derechos comerciales", en un conflicto que podría marcar un precedente en la relación entre las grandes corporaciones y sus distribuidores en el país.