La modificación del régimen de Zona Fría volvió a encender la discusión por las tarifas de gas en el interior bonaerense. Desde Integración Distrital difundieron un documento donde cuestionan el nuevo sistema de subsidios energéticos y aseguran que el esquema actual “destruye” la protección climática que existía para usuarios de regiones con inviernos más duros.

El planteo apunta especialmente contra el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza el criterio territorial por topes mensuales de consumo definidos desde Nación. Según el documento, el nuevo esquema fija límites de entre 150 y 220 metros cúbicos mensuales subsidiados para hogares del sudoeste bonaerense, aunque remarcan que en ciudades como Guaminí una vivienda promedio puede consumir entre 350 y 450 metros cúbicos durante el invierno.

Desde el espacio sostienen que el cambio perjudica especialmente a jubilados, usuarios de tarifa social y familias vulnerables. Explican que, con la antigua Zona Fría, el descuento del 30 por ciento o 50 por ciento se aplicaba sobre todo el consumo y también sobre el cargo fijo de la boleta. Ahora, aseguran, el subsidio solo impacta sobre una parte del precio del gas y deja afuera costos de distribución y mantenimiento de red.

En el documento también rechazan uno de los argumentos centrales del Gobierno nacional, que sostiene que el objetivo es reducir subsidios para sectores de mayores ingresos. Integración Distrital afirma que el fondo de Zona Fría no se financiaba con recursos generales del Estado, sino mediante aportes incluidos en las propias facturas de gas de usuarios de todo el país.

Además, remarcan que el nuevo sistema provoca un fuerte salto en las boletas durante los meses de mayor consumo. Como ejemplo, comparan un hogar que actualmente paga alrededor de 35 mil pesos mensuales con Zona Fría y que, sin ese beneficio, podría pasar a pagar cerca de 50 mil pesos por el mismo consumo.

Otro de los puntos más cuestionados es que, una vez superado el bloque subsidiado, el excedente pasa a cobrarse a tarifa plena. Según el texto difundido, esto obliga a muchas familias a limitar el uso de calefacción durante el invierno para evitar aumentos bruscos en las facturas. “Nos quitaron un derecho climático para transformarlo en un racionamiento energético”, afirmaron desde el espacio político.