Diputados de Buenos Aires investigan fiscalización de carreras

En medio de un clima de tensión en el automovilismo argentino, un grupo de legisladores presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo.

Fue firmado por los diputados Martin Endere, Fernando Compagnoni, Florencia Retamoso, Matias Ranzini y Maria Paula Bustos para que, a través de la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo (COPAM), se detalle la situación legal, organizativa y de seguridad en torno a las competencias automovilísticas y motociclísticas en el territorio bonaerense.

El reclamo se produce luego de que el Automóvil Club Argentino (ACA) revocara el 21 de marzo de 2024 la delegación del “poder deportivo” a la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), que desde 2001 estaba autorizada a fiscalizar categorías como Turismo Carretera, TC Pista y Top Race.

Según el ACA, tras esta revocación, la ACTC dejó de cumplir con el artículo 9 de la Ley 12.391, que exige que solo las entidades con ese poder pueden organizar competencias oficiales.

Pese a ello, la ACTC habría continuado actuando como fiscalizadora y organizadora, con aval de la COPAM, lo que para los impulsores del proyecto constituye una irregularidad grave.

Tragedias y polémicas

El texto menciona dos episodios que encendieron las alarmas:

• Julio 2024: muerte del piloto Alfredo Ariel Picardi en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

• Diciembre 2024: un espectador falleció y su hija resultó gravemente herida durante el Gran Premio Coronación del Rally Mar y Sierras en Lobos.

En ambos casos, los legisladores sostienen que los eventos no debieron ser autorizados por la COPAM al no cumplir los organizadores con los requisitos legales. También apuntan al episodio del Gran Premio de Turismo Carretera en La Plata, a comienzos de diciembre, calificado por la prensa como “escándalo” y “papelón” por presunto sabotaje.

Preguntas clave al Ejecutivo

El pedido de informes, compuesto por 15 puntos, solicita esclarecer:

• Quién ostenta hoy el poder deportivo para automovilismo y motociclismo en Argentina.

• Si la CAMOD puede aprobar competencias organizadas por entidades sin ese poder.

• Quién habilitó y fiscalizó los eventos con incidentes mortales y el GP del TC.

• Consecuencias legales de autorizar competencias sin la potestad correspondiente.

Además, busca determinar la responsabilidad de la COPAM, órgano que integra representantes del Ejecutivo provincial y de entidades privadas como el ACA, la ACTC y federaciones del deporte motor.

Un debate sobre casta y poder en el deporte motor

El trasfondo del proyecto expone la disputa de poder entre el ACA y la ACTC, y plantea que la protección institucional y la falta de controles habrían facilitado la continuidad de competencias en condiciones irregulares, poniendo en riesgo la seguridad de pilotos, espectadores y equipos.

Los autores advierten que, si no se clarifica y respeta el marco legal, la Provincia podría seguir siendo escenario de tragedias evitables. El pedido de informes será debatido en el recinto, y se espera que las respuestas del Ejecutivo definan el futuro inmediato de la ACTC en el territorio bonaerense.