En La Plata se desata una controversia que involucra a la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata y el Autódromo "Roberto Mouras", en medio de maniobras que parecen violar flagrantemente la normativa vigente.

Documentos oficiales, junto con material fílmico y fotográfico, señalan que las autorizaciones para las competencias automovilísticas se han tramitado sin cumplir lo exigido por la Ley 12391 y la Resolución 1/2005, lo que pone en jaque tanto la seguridad de los asistentes como el resguardo de fondos públicos.

La Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo (CoPAM), encabezada por Leandro Lurati y adscrita al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, se encuentra en el centro de la polémica.

Según la documentación obtenida, la CoPAM habría actuado en complicidad con la Dirección de Habilitaciones y la Secretaría de Control Urbano y Convivencia del municipio, representada por funcionarios como María Sol Gutiérrez y Víctor Hortel.

Estas acciones habrían facilitado la realización de competencias organizadas por el Automóvil Club La Plata SA, bajo la fiscalización de la ACTC, presidida por Hugo Mazzacane, quien es señalado como autor intelectual de estas maniobras.

La situación se agrava aún más cuando se considera la participación de reconocidas autoridades como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro de Gobierno Carlos Bianco y el intendente platense Julio Alak, quienes, según la denuncia, han permitido o ignorado estas irregularidades.

La implicación de estos funcionarios públicos suscita serias dudas sobre la transparencia y el compromiso con la legalidad, además de abrir la puerta a acusaciones de delitos tales como falta a los deberes de funcionario público, adulteración de documentación, abuso de autoridad, malversación de fondos y, en un contexto aún más alarmante, homicidio culposo agravado.

El Autódromo "Roberto Mouras", propiedad de sociedades anónimas ya observadas por la Justicia Penal y el Fisco por incumplimientos fiscales por millones de pesos, se convierte en el epicentro de este conflicto.

Con antecedentes de dos muertes en el predio, la omisión en el cumplimiento de las normativas no solo constituye un riesgo para quienes participan en las competencias, sino también para los espectadores y la comunidad en general, que podrían verse afectados económicamente y en términos de seguridad.

Red de Sociedades en el Automovilismo Argentino: El Caso de Urbanización HALO SA y Inversora Los Alerces SA

En el turbulento mundo del automovilismo argentino se ha desvelado una compleja red de sociedades anónimas vinculadas a maniobras empresariales y presuntas irregularidades legales. Dos de estas empresas, Urbanización HALO SA e Inversora Los Alerces SA, se destacan por su supuesta implicación en la administración fraudulenta de predios y la organización de eventos no autorizados.

Predio en el centro de la controversia

Urbanización HALO SA es reconocida como la propietaria del terreno en el que se llevan a cabo competiciones ilegales en el autódromo Roberto Mouras, ubicado en La Plata. La sociedad se encuentra inmersa en múltiples causas judiciales y enfrenta medidas precautorias por incumplir normativas legales.

La falta de un domicilio legal registrado agrava la situación, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia y legitimidad de sus operaciones. Su presidente, identificado en diversos informes periodísticos como Jauregui (se ha mencionado el nombre Alfredo Alejandro Herman Jauregui), se encuentra en el epicentro de este entramado societario, operando junto a otras empresas del sector.

Maniobras para el control de predios

Por otro lado, Inversora Los Alerces SA habría sido creada con el objetivo de ejecutar maniobras fraudulentas que afecten directamente a la Fundación Autódromo Ciudad de La Plata. La sociedad habría intentado no solo tomar control del autódromo, sino apropiarse de la totalidad del predio en perjuicio de la fundación.

Su director, Humberto Ruffolo, figura como uno de los responsables de estas prácticas, según las investigaciones que vinculan a varias sociedades en un esquema de operaciones opacas y poco transparentes.

Un imperio en la sombra

Diversos informes periodísticos han señalado que ambas sociedades forman parte de un “imperio oscuro” de empresas anónimas dedicadas a la manipulación y control de activos dentro del automovilismo argentino.

Las maniobras empresariales y la falta de transparencia han generado preocupación en distintos sectores, afectando no solo a la imagen del deporte, sino también a la integridad de las instituciones involucradas.

Reacciones y perspectivas

Las autoridades judiciales continúan investigando estas operaciones y evaluando la posibilidad de tomar medidas contundentes contra las irregularidades detectadas. Mientras tanto, distintos actores del automovilismo y de la sociedad civil exigen mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración de los predios y en la organización de eventos deportivos.

Este complejo entramado societario, de difícil rastreo y con múltiples ramificaciones, se ha convertido en un símbolo de los desafíos que enfrenta el automovilismo argentino en materia de gobernanza y legalidad. Con cada nuevo detalle que sale a la luz, aumenta la presión para esclarecer el alcance de estas maniobras y para garantizar que se respeten las normativas que protegen tanto a los aficionados como a los involucrados en el deporte.

Este informe pone en relieve la urgente necesidad de una investigación exhaustiva y de tomar medidas correctivas que garanticen el respeto a la ley, la transparencia en la gestión pública y, sobre todo, la protección de la vida y los recursos de los bonaerenses y platenses.