Sin embargo, detrás de ese despliegue estacional persiste una ausencia mucho más profunda y estructural: la falta de políticas públicas sostenidas que promuevan la inclusión laboral, el desarrollo de oportunidades comerciales y la construcción de un entramado económico que permita a las comunidades vivir dignamente durante todo el año, y no apenas sobrevivir a la temporada.

La lógica es conocida. La Provincia llega cuando sube la temperatura, cuando los destinos se llenan y cuando la postal requiere orden, control y una sensación de protección inmediata.

Pero se retira, o se vuelve invisible, cuando termina el verano y quedan expuestas las verdaderas urgencias: el empleo informal, la precarización laboral, la falta de incentivos para pequeños comerciantes, la inexistencia de programas que acompañen a emprendedores locales y la ausencia de una estrategia integral que transforme el potencial productivo en desarrollo real.

En ese vacío, el Operativo Sol se revela menos como una política pública y más como un recurso comunicacional: un artilugio de maquillaje institucional que busca instalar la idea de un Estado presente sin hacerse cargo de las causas estructurales del abandono.

A esta falta de planificación estructural se suma un factor clave que rara vez aparece en el discurso oficial, pero que resulta determinante para cualquier intento de desarrollo comercial: los costos de los servicios básicos.

En plena temporada alta, los valores de la energía eléctrica que impone la Cooperativa Arbolito y la relación entre precio y calidad del servicio de agua se convierten en variables estratégicas que condicionan la rentabilidad de comercios, emprendimientos turísticos y pequeñas unidades productivas. Sin energía accesible ni servicios confiables, no hay inversión posible ni actividad sostenible.

Distintas voces locales vienen señalando que tanto el esquema tarifario como la gestión de estos servicios responden a estructuras monopólicas históricas, estrechamente vinculadas al poder político del senador Jorge Paredi, lo que refuerza la sensación de un modelo cerrado, sin control ciudadano efectivo ni competencia real.

En ese entramado también se mencionan designaciones que despiertan controversia, como la participación de Marcos Raimundi, actual jefe de prensa, dentro de los órganos directivos de estas entidades, junto con versiones persistentes sobre remuneraciones mensuales que resultarían exorbitantes para el contexto social y económico del distrito.

Más allá de los nombres propios, el problema es de fondo: cuando los servicios esenciales funcionan como cajas políticas y no como herramientas para el desarrollo, el resultado es un sistema que asfixia al que produce y protege al que administra.

Hablar de seguridad sin hablar de trabajo, de tarifas, de servicios y de condiciones reales para invertir es, en el mejor de los casos, una simplificación cómoda; en el peor, una forma de cinismo político.

No hay inclusión posible sin empleo, ni empleo sin condiciones económicas razonables. Sin embargo, las políticas provinciales parecen reducir su intervención a la administración del síntoma y no del problema.

Se refuerzan controles, se multiplican patrullajes y se exhibe presencia policial, mientras se omite deliberadamente el debate sobre cómo generar empleo genuino, cómo integrar a jóvenes y adultos al circuito productivo y cómo fortalecer economías locales que dependen de tres meses de facturación para sostener doce meses de vida.

La contradicción es evidente: se destinan recursos a operativos temporales, pero no se discute el modelo de servicios ni la estructura de costos que condiciona toda actividad comercial. Se anuncia cuidado, pero no se garantiza futuro. Se habla de protección, pero no de dignidad.

El mensaje implícito es claro: el Estado aparece para ordenar y mostrarse, no para desarrollar; para controlar, no para incluir; para la foto, no para la transformación.

Mientras tanto, las comunidades quedan atrapadas en una lógica de estacionalidad crónica. Comercios que abren y cierran según el calendario turístico, trabajadores que encadenan contratos precarios, jóvenes que emigran por falta de horizonte y territorios que funcionan como escenarios de verano y desiertos de oportunidades el resto del año.

En ese contexto, el Operativo Sol no es una solución, sino un símbolo: el de un Estado que confunde presencia con política pública y marketing con gestión.

La verdadera deuda no es de patrulleros ni de efectivos, sino de visión estratégica. Lo que falta no es un operativo más, sino un proyecto.

Uno que piense el trabajo como eje de inclusión, los servicios públicos como herramientas de desarrollo y la política pública como un instrumento para equilibrar poder, costos y oportunidades. Hasta que eso no ocurra, cada verano seguirá trayendo el mismo ritual: anuncios grandilocuentes, promesas recicladas y un Estado que dice “estamos presentes”, mientras deja intactas las condiciones que expulsan, precarizan y excluyen.