La Justicia de Estados Unidos ordenó este lunes al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park como forma de pago por la sentencia de US$16.100 millones dictada en 2023 por la expropiación de la petrolera durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El presidente Javier Milei anticipó que apelará la medida.

La decisión fue firmada por la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien también ordenó transferir acciones a otro fondo, Bainbridge, en el marco de una causa vinculada a la deuda en default de 2001.

En su fallo, Preska sostuvo que la República Argentina deberá depositar las acciones Clase D de YPF en una cuenta del Bank of New York Mellon (BNYM) dentro de los próximos 14 días e instruir su transferencia a los demandantes. La jueza desestimó los argumentos del Estado argentino que indicaban que esa transferencia requería aprobación del Congreso Nacional, y defendió la capacidad de los tribunales estadounidenses para ordenar embargos sobre activos extranjeros.

“El Estado debería haber depositado una garantía en enero de 2024 para evitar esta situación”, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y especialista en litigios internacionales. “Como no lo hizo, la ley estadounidense habilitó a los demandantes a avanzar con el embargo”.

El pedido sorprendió al gobierno argentino, ya que incluso el Departamento de Justicia de EE.UU. había recomendado en noviembre pasado rechazar la moción de los demandantes. Sin embargo, la jueza decidió avanzar con el pedido, pese a que las acciones están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires y no cotizan en Nueva York.

Además, Preska fue tajante frente a la defensa argentina: “Los gobiernos extranjeros no pueden invocar su legislación interna para proteger activos de la ejecución en Estados Unidos”, afirmó.

La disputa se remonta a la estatización de YPF en 2012, cuando la Argentina no realizó una oferta pública de adquisición (OPA), como exige el estatuto de la empresa. Por esa omisión, los accionistas minoritarios —entre ellos, las empresas Petersen y Eton Park— iniciaron demandas millonarias.

El fondo Burford Capital adquirió el derecho a litigar contra la Argentina tras la quiebra de las firmas Petersen Energía e Inversora, de la familia Eskenazi, que habían comprado el 25% de YPF a Repsol en 2008 mediante créditos bancarios. La decisión del gobierno argentino de intervenir YPF y suspender los dividendos precipitó la caída de esas firmas.

El fallo de Preska exime a YPF de responsabilidad, pero ratifica que el Estado argentino violó el estatuto de la empresa y perjudicó a sus accionistas. La defensa nacional sostiene que la expropiación se hizo bajo la Ley de Expropiaciones y con aval del Congreso, por lo cual no corresponde aplicar el estatuto comercial.

Actualmente, el caso se encuentra también en revisión por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que deberá analizar los recursos tanto de Argentina como de los fondos demandantes.

En paralelo, el valor de las acciones de YPF cayó más de 5,5% en la Bolsa de Nueva York, tras conocerse la noticia, cerrando a US$31,45. La empresa tiene hoy una valuación total de US$12.360 millones.

La jueza concluyó su escrito con dureza: “La República exige cortesía judicial mientras se niega a cumplir con una sentencia firme”. La batalla legal aún no terminó, pero el fallo marca un precedente inédito en la historia judicial argentina.