Durante las elecciones del 26 de octubre, algunos jóvenes actuaron como fiscales en representación de La Libertad Avanza de forma profesional y remunerada, sin que ello implicara necesariamente afinidad ideológica.

Todos los partidos políticos con cierto poder económico suelen contratar fiscales profesionales que trabajan por dinero, además de fiscales voluntarios que participan movilizados por la ideología.

En el caso de La Libertad Avanza, denuncian al coordinador de Mercedes, Rafael Velásquez, por haber retribuido apenas 40 mil pesos, en lugar de los 80 mil pesos que el Estado abona públicamente a los fiscales designados.

A la hora de cobrar, los fiscales fueron notificados de que les correspondía entre 30 mil pesos y 40 mil pesos; finalmente recibieron 40 mil pesos, la mitad de lo abonado por el Estado. Tampoco percibieron retribución por la capacitación.

Algunos fiscales denunciaron una estafa, mientras que otros sostienen que los referentes nunca acordaron un monto: simplemente supusieron que sería similar al oficial, pero nunca se les prometió una cifra concreta.

A pesar de la falta de un acuerdo expreso, decidieron hacer pública su decepción por la baja retribución tras más de 13 horas de trabajo y la falta de aclaración, sin la cual se aprovechó su inexperiencia para obtener mano de obra a mitad de precio.

Los jóvenes fueron captados por militantes libertarios cuyo local se encuentra en las calles 20 y 15. Ese mismo día, se afirma que hubo peleas dentro del búnker debido a lo sucedido, exigiendo que Rafael Velásquez dé una explicación por la retención de los fondos destinados a la fiscalización.

Algunas fuentes indican que parte del pago retribuido estaba destinado a cubrir las viandas de los fiscales, pero sospechan que esta sería una excusa para justificar la apropiación indebida del dinero. El incidente vuelve a encender las alarmas, una vez más, sobre la calidad de la dirigencia libertaria en la ciudad.