Lo que ocurre en la sede descentralizada de licencias de conducir conocida como “Las Palmeras” (ex Sobremonte) ya no es presentado como una desprolijidad administrativa, sino como un esquema sostenido y tolerado, con beneficios que, según denuncian, se mantienen a pesar de observaciones internas.

En ese lugar cumple funciones la ex secretaria del ex director Leonardo Lampugnano, actualmente en tareas administrativas vinculadas a trámites de licencias: atención al público, carga de datos y gestión de expedientes.

De acuerdo a la denuncia, se trata de un trabajo de rutina, sin operativos en la calle ni exposición a situaciones de riesgo. Incluso sostienen que la carga laboral en la sede es baja, con alrededor de 40 personas por día, atendidas por dos administrativas y un médico, bajo un esquema de 45 horas semanales.

Sin embargo, remarcan que la trabajadora percibe una Bonificación por Tarea Riesgosa, un adicional que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto autoriza solo para personal de inspectoría. En particular, citan el artículo 20 inciso l), que establece el beneficio únicamente para Inspectores de Transporte y Examinadores de Licencias de Conductor, con un tope de hasta 35 por ciento, excluyendo tareas administrativas de escritorio.

La situación habría sido observada por el propio Departamento Administrativo de Personal, que dejó constancia de que la bonificación no corresponde y solicitó justificar tareas o convertir el cargo. Ese informe interno, según se indicó, tiene fecha 29 de julio de 2024. Desde entonces, denuncian que el expediente quedó sin avances visibles, pero el adicional continuó siendo abonado.

A ese punto se suma otra crítica: la asignación de horas suplementarias los días sábados, también de manera selectiva y repetida, siempre en la misma sede y hacia la misma persona, pese a que, según quienes cuestionan el esquema, el volumen de trabajo no justificaría ese gasto extra.

El reclamo sostiene que estas prácticas no serían nuevas, ya que el personal las viene señalando desde la gestión de Lampugnano, y advierte que el problema no es administrativo sino político: cuando un beneficio no corresponde, existe un informe que lo objeta y aun así se mantiene, ya no se habla de error, sino de protección y privilegios blindados. “En Las Palmeras no hay riesgo, hay caja abierta y memoria selectiva”, sintetiza la denuncia.

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