En línea con su política de ajuste fiscal y el objetivo de déficit cero, el presidente Javier Milei vetó este sábado dos leyes clave que el Congreso argentino había aprobado en julio: una que otorgaba un aumento excepcional a jubilaciones y otra que declaraba la emergencia en discapacidad.

El veto presidencial será formalizado este lunes mediante su publicación en el Boletín Oficial, y abrirá un nuevo capítulo legislativo en el que el Parlamento deberá decidir si ratifica las leyes o respalda la decisión del Ejecutivo. Milei ya había anticipado que bloquearía ambas normativas, argumentando que ponen en riesgo el equilibrio fiscal que su gobierno busca consolidar desde fines de 2023.

La ley vetada por el presidente establecía un aumento del 7,2 % en las jubilaciones y la actualización del bono de refuerzo a 110.000 pesos mensuales, monto congelado desde marzo de este año. Según datos oficiales, el 63,5 % de los jubilados cobra la mínima, que en agosto será de 314.300 pesos (aproximadamente 228 dólares). Con el bono vigente, el ingreso alcanza los 384.300 pesos, cifra aún por debajo del umbral de pobreza, estimado en 365.177 pesos según INDEC y en 1.200.523 pesos según la Defensoría de la Tercera Edad, si se consideran los gastos reales de un adulto mayor.

Además del ajuste a las jubilaciones, el Parlamento había sancionado una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027, obligando al Estado a garantizar financiamiento adecuado para pensiones y asistencia.

Desde el oficialismo, el argumento central para vetar ambas leyes fue el costo fiscal. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, el aumento a jubilados representa un impacto del 0,41 % del PIB, la actualización del bono un 0,38 % y la ley de discapacidad entre un 0,28 % y 0,51 % del producto bruto. Argentina cerró el primer semestre con un superávit fiscal primario del 0,9 % del PIB, y el Gobierno aspira a finalizar 2025 con un 1,6 % positivo, y alcanzar en 2026 un 2,2 % de superávit.

Organizaciones de jubilados y colectivos que defienden los derechos de personas con discapacidad vienen movilizándose desde hace meses frente al deterioro de las condiciones de vida de estos sectores y las consecuencias del ajuste en áreas sensibles como la salud, los medicamentos y el transporte.