La prórroga hasta febrero de 2026 de la medida cautelar que ratifica a la actual conducción de la Empresa Nueve de Julio Sociedad Anónima de Transporte profundizó un conflicto que ya desbordó lo empresarial y avanza sobre el terreno penal e institucional en La Plata. La decisión judicial, impulsada por el abogado Pablo Grillo Ciocchini, derivó en nuevos pedidos de imputaciones penales y allanamientos urgentes.

En las últimas horas, el abogado penalista Marcelo Peña solicitó formalmente que se investigue penalmente a los ocupantes de la sede social de Empresa Nueve de Julio SAT, entre ellos Esteban Llanos, Gastón Robotti, Guillermo Stazi, Jorge Stoichevich, Martín Stoichevich, Martín Cassinotti y Santiago de Mendieta, y que se ordenen allanamientos en domicilios vinculados a los hechos ocurridos entre la noche del 3 y el 4 de noviembre de 2025.

Según las presentaciones, durante la toma ilegal del edificio se habrían sustraído valores y documentación esencial para el funcionamiento de la empresa, incluyendo material clave para la preparación del pliego de bases y condiciones de la licitación del transporte público de pasajeros.

La desaparición de esa información, en medio de un proceso licitatorio estratégico, coloca a la empresa en una situación de desventaja competitiva y afecta principios básicos como la libre concurrencia y la transparencia en un servicio público esencial.

Uno de los puntos más sensibles del expediente es la presencia de personas vinculadas al Grupo Unión Platense durante la ocupación de la sede. Las denuncias sostienen que se trata de un grupo con posición dominante en el mercado del transporte local y que la irrupción no fue un hecho aislado, sino parte de una maniobra de interferencia empresarial para debilitar a un competidor directo.

En ese marco, se menciona a Martín Cassinotti, condenado en la causa conocida como “la banda de los jueces”, cuya participación es señalada como especialmente grave por el entramado de relaciones políticas, judiciales y empresariales que representa.

El conflicto también expone omisiones del poder político. Las denuncias apuntan a la falta de intervención frente a suspensiones de servicios por más de cuarenta días en la zona Este, atribuibles a conflictos gremiales de Expreso La Plata Buenos Aires SA, situación que podría encuadrar en causales de resolución del contrato por abandono, según el pliego vigente, pese a que la firma figura como adjudicataria anticipada de esa zona.

Lejos de una disputa privada, el caso comienza a perfilarse como un escándalo institucional con impacto político y económico. Mientras el proceso licitatorio avanza, crece la expectativa sobre si la Justicia y las autoridades profundizarán la investigación o si el episodio quedará como otra señal de cómo operan los intereses concentrados en uno de los negocios más sensibles de la ciudad.