Ana María Villanueva es una trabajadora de la administración pública provincial y ex sindicalista de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de la provincia de Buenos Aires, que desde mediados de mayo de 2024, comenzó a vivir una serie de situaciones que marcaron un cambio drástico en su vida laboral.

A lo largo de los últimos meses, sufrió una escalofriante cadena de actos de acoso laboral, abuso de poder y violencia por parte de sus superiores en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires.

En su denuncia, Villanueva describe cómo la situación habría escalado hasta convertirse en una persecución constante que afectó no solo su trabajo, sino también su bienestar físico y emocional.

Ana María había comenzado su carrera en la administración pública en 2018, cuando ingresó a la Dirección de Mantenimiento y Equipamiento. Con esfuerzo y dedicación, logró ascender rápidamente dentro del organismo, alcanzando en 2019 el puesto de Jefa de Departamento, responsable del área administrativa.

En 2020, a pesar de los desafíos impuestos por la pandemia, Ana se mantuvo firme en su compromiso con el trabajo, garantizando el funcionamiento del departamento mientras muchos de sus compañeros enfrentaban dificultades personales y laborales.

En 2022, fue promovida a directora de Planificación Operativa, un cargo que desempeñó hasta septiembre de 2024. Durante estos años, además, ocupó el rol de secretaria gremial de UPCN de la DGCyE, (sin dejar de cumplir su función en el estado provincial), luchando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, fue precisamente su actividad gremial lo que, según relata, la convirtió en blanco de un ataque sistemático por parte de sus superiores.

A partir de su desvinculación como directora; llega Federico Albarellos como nuevo director de Planificación Operativa en 2024, las cosas comenzaron a cambiar.

El 13 de noviembre, Ana fue informada de manera informal por Albarellos que debía trasladarse a otro espacio físico de trabajo, aduciendo que su "imagen" como ex-gremialista era "negativa y perturbadora" para la gestión. A partir de ese momento, Ana comenzó a experimentar una serie de actos que, según ella, configuran claramente violencia de género y acoso laboral.

Los responsables de esta situación serían el director provincial de Mantenimiento, Gustavo Cañete, su asesor Diego Mussari, y el propio Federico Albarellos, todos funcionarios vinculados a la gestión de Propuesta Republicana (PRO) y al espacio Proyecto Brown la nueva línea política de Almirante Brown titulada Nuevo PRO.

Según Ana María, estos funcionarios no solo le impusieron un traslado arbitrario, sino que también llevaron adelante un hostigamiento constante, con el objetivo de desplazarla de su cargo y someterla a un tratamiento humillante debido a su condición de mujer y su actividad sindical.

Este trato discriminatorio, basado en su participación gremial, fue descrito por Ana como una forma de abuso de poder y mobbing.

La situación no era nueva para ella; ya en otras ocasiones había sido objeto de comentarios y actitudes despectivas por parte de sus superiores, quienes la señalaban por su postura sindical y la consideraban una "amenaza" para la gestión. Sin embargo, fue en los últimos meses cuando el acoso se intensificó, convirtiéndose en una persecución laboral y emocional.

El traslado que le ordenaron, además de ser arbitrario e ilegal, según Ana, estaba fundamentado en una razón política y de género. Para ella, las intenciones detrás de esta medida eran claras: excluirla de su puesto de trabajo y acallar su voz sindical.

En su denuncia, Ana dejó en claro que nunca estuvo de acuerdo con el traslado, que no otorgó su consentimiento y que este acto vulneraba sus derechos laborales, su dignidad y su derecho a desempeñar su función de manera libre y sin discriminación.

Ana María también explicó en su denuncia que el acoso al que fue sometida afecta profundamente su salud. A lo largo de estos meses, experimentó síntomas de ansiedad, angustia y estrés, lo que la llevó a buscar apoyo psicológico para poder sobrellevar la situación.

Las consecuencias de este maltrato no solo impactaron en su bienestar personal, sino también en su desempeño laboral, algo que, según ella, es una de las principales armas de los agresores en casos de acoso laboral: desestabilizar emocionalmente a la víctima para que se vea forzada a abandonar su puesto.

n su denuncia, Ana hace referencia a los términos legales que amparan su situación, mencionando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre no discriminación y violencia laboral. Señala que el acoso que sufrió no solo afecta su dignidad como mujer, sino que también vulnera sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Por ello, Ana solicita la nulidad del memorándum que dispuso su traslado, pidiendo a las autoridades que lo dejen sin efecto y que se tomen las medidas necesarias para garantizar su permanencia en su puesto de trabajo, en las condiciones previas. Además, exige que cesen de inmediato los actos de violencia, persecución y hostigamiento hacia su persona, y que se implementen medidas preventivas para erradicar la violencia de género y el acoso laboral en el ámbito de la administración pública provincial.

La denuncia de Ana María Villanueva no es solo una denuncia personal, sino también un llamado a visibilizar y erradicar las prácticas de violencia de género, mobbing y acoso laboral que, lamentablemente, siguen siendo una realidad en muchos lugares de trabajo. Su historia, cargada de valentía, también es un ejemplo de la lucha por los derechos laborales, la igualdad de género y la dignidad en el trabajo.

Ana, como muchas otras mujeres, ha decidido alzar la voz frente a la injusticia y exigir que se respeten sus derechos y los de sus compañeras y compañeros de trabajo.