Una denuncia penal presentada en la Justicia federal puso bajo la lupa al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a funcionarios de su gestión y a varios intendentes del conurbano por un supuesto entramado vinculado al robo de tierras y el financiamiento ilegal de la política.

El denunciante, identificado como Héctor Daniel De Olivera, sostuvo que fue víctima de una maniobra sistemática mediante la cual le habrían quitado propiedades en más de 30 municipios. Según su presentación, esos terrenos habrían sido posteriormente loteados y escriturados de manera irregular, alcanzando, según su versión, unos 15 mil lotes.

En el escrito, también se menciona la utilización de la llamada Ley Pierri como herramienta para “blanquear” esas operaciones, lo que, siempre de acuerdo a la denuncia, habría permitido darles apariencia legal a las adjudicaciones. Además, se señala la posible participación de funcionarios públicos y profesionales en la falsificación de documentos y en la validación de escrituras cuestionadas.

La lista de denunciados incluye, además del gobernador, a dirigentes políticos, intendentes, legisladores, escribanos y hasta un juez federal, a quienes se les atribuyen delitos como asociación ilícita, encubrimiento agravado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y robo a particulares.

Entre los nombres mencionados aparecen figuras de peso en la política bonaerense, lo que amplifica el impacto institucional del planteo, aunque por el momento se trata de una denuncia que deberá ser investigada para determinar su veracidad.

La causa ya fue registrada bajo el número CFP 1580/2026 y, tras el sorteo correspondiente, quedó a cargo del Juzgado Federal número 3, que deberá analizar la presentación y definir los próximos pasos del expediente.

Por ahora, el caso se encuentra en una etapa inicial y no hay imputaciones formales confirmadas, pero el contenido de la denuncia abre un nuevo frente judicial con potencial repercusión política.