En Mar del Plata alertan que la inacción judicial agrava un caso de contaminación portuaria con décadas de denuncias

Un nuevo planteo judicial volvió a poner el foco sobre la histórica causa por contaminación en el Puerto de Mar del Plata. El querellante Roberto Maturana solicitó formalmente un “pronto despacho” ante el Juzgado Federal número 1 al advertir que distintas presentaciones realizadas en marzo y abril continúan sin resolución, pese a tratarse de medidas consideradas críticas para el avance de la investigación.

Según el escrito, permanecen pendientes informes técnicos, bloques probatorios sobre la presunta continuidad delictiva y pedidos vinculados a eventuales indagatorias de responsables empresariales. La demora, sostiene, excede ampliamente los plazos procesales habituales y compromete el desarrollo de una causa calificada como de “alta complejidad ambiental”.

En ese contexto, el planteo advierte que la dilación judicial agrava el riesgo para la salud pública y el ambiente, en base a informes técnico-científicos incorporados al expediente que, según se afirma, evidencian una contaminación sostenida durante décadas en la zona portuaria.

La causa apunta contra firmas del sector pesquero, entre ellas COOMARPES y Agustiner S.A., a las que se les atribuye carecer de habilitaciones ambientales y mantener prácticas contaminantes. En paralelo, documentación técnica incorporada al expediente describe el tratamiento de efluentes industriales y advierte sobre posibles fallas en los procesos, con riesgos asociados a residuos químicos, barros industriales y vertidos sin control adecuado .

Además, en los informes remitidos a la fiscalía se mencionan dudas sobre los mecanismos de control, la trazabilidad de residuos y el destino final de los desechos, incluyendo la posibilidad de que materiales peligrosos terminen en el mar o en basurales sin certificación.

El pedido de pronto despacho busca destrabar la situación y forzar definiciones judiciales en una causa que lleva más de dos décadas en trámite. Mientras tanto, el eje del conflicto sigue siendo el mismo: la presunta contaminación industrial en el puerto y la falta de respuestas concretas frente a un problema estructural.