En el distrito de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, han salido a la luz graves denuncias de corrupción policial, reminiscentes de los oscuros episodios de los años noventa, como el emblemático caso del asesinato de José Luis Cabezas.

Estas acusaciones ponen en jaque a la Comisaría Primera y al Comando de Patrullas local, así como a las altas esferas policiales de la región.

Bajo la supervisión del superintendente Miguel Zalazar, las comisarías de Moreno, General Rodríguez y Luján se han visto envueltas en una serie de escándalos.

Sin embargo, las denuncias más graves apuntan a General Rodríguez, donde la falta de recursos, con apenas 3 móviles patrullando todo el distrito, contrasta con la aparente impunidad de prácticas ilícitas en su Comisaría Primera.

Corrupción y colapso carcelario

El subcomisario señalado como el principal responsable de estas irregularidades, está bajo investigación junto a su equipo del servicio externo.

En la comisaría, diseñada para albergar un máximo de 16 detenidos, actualmente hay más de 30 personas. Según los informes, este hacinamiento no solo es tolerado sino que se aprovecha para ofrecer "mejores condiciones" a cambio de dinero. Entre los privilegios vendidos se incluyen acceso a teléfonos, alcohol y drogas.

Relaciones con el Ministerio de Seguridad

A pesar de las reiteradas denuncias, las respuestas por parte de las autoridades parecen insuficientes. Las demoras en los cambios solicitados sugieren una posible complicidad o desinterés desde las esferas superiores del Ministerio de Seguridad, que deberían tomar medidas correctivas.

Antecedentes de encubrimientos y narcopolicías

Las acusaciones no se limitan a la Comisaría Primera. El comisario actual jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno y General Rodríguez, también enfrenta cuestionamientos. Bajo su mando, hace 2 años, fue desarticulada una banda de policías vinculados al narcotráfico, entre ellos la hija de un ex comisario mayor retirado, Daniel Ibarra. 

Este último, además de ocupar cargos administrativos, fue señalado por su gestión irregular de las horas POLAD, destinadas a servicios de seguridad adicionales en hospitales y empresas privadas.

Exigencias de justicia

La comunidad de General Rodríguez y las voces críticas dentro del sistema exigen respuestas inmediatas y una limpieza estructural en la policía local. Las irregularidades señaladas no solo dañan la confianza pública, sino que perpetúan un sistema de impunidad que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

El resurgimiento de prácticas corruptas y abusos de poder plantea un interrogante alarmante: ¿ha cambiado algo realmente en las fuerzas de seguridad desde los tiempos más oscuros de la historia reciente argentina?