La trama detrás de la VTV: denuncias de lavado de dinero y empresas offshore complican a funcionarios bonaerenses

Un entramado de corrupción relacionado con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires ha generado una nueva polémica que salpica a figuras de alto perfil, como el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio.

Según investigaciones publicadas por Realpolitik, las irregularidades incluyen incrementos tarifarios desmedidos, desvío de fondos hacia empresas offshore y vínculos con funcionarios clave.

El esquema de la VTV: aumentos y desvíos

Entre abril de 2024 y febrero de 2025, las tarifas de la VTV incrementarán en un 296 por ciento, pasando de 15.997 a 63.463 pesos. Este ajuste exorbitante, aprobado por el Ministerio de Transporte provincial, se relaciona con concesiones otorgadas a empresas vinculadas a socios y amistades de funcionarios, quienes presuntamente desvían un porcentaje de lo recaudado a través de entidades fantasma.

Según datos oficiales difundidos por Realpolitik, cada año se realizan más de 3 millones de verificaciones en la provincia, lo que genera una caja considerable para estas operaciones.

Empresas offshore y conexiones políticas

La investigación también señala a Claudia Pombo, presidenta del Concejo Deliberante de Pilar y pareja de D’Onofrio, como una figura clave.

Pombo y Mario Quattrochi, juez de Faltas provincial, habrían fundado varias empresas en España, vinculadas a posibles operaciones de lavado de activos. Estas conexiones sugieren que parte del dinero recaudado por la VTV pudo haberse canalizado hacia actividades ilegales en el extranjero. Informó Realpolitik.

Impacto político y judicial

El escándalo no solo afecta a la gestión de Kicillof, sino también a su alianza con Sergio Massa, quien impulsó la designación de D’Onofrio. Este último, además, enfrenta acusaciones en la justicia federal por su presunta participación en un esquema de eliminación de multas de tránsito a cambio de sobornos.

Según estimaciones judiciales a las que tuvo acceso Realpolitik, las ganancias de este sistema podrían superar los 50 millones de dólares.

Propuestas para descentralizar la VTV

En medio de estas denuncias, sectores políticos han propuesto medidas para democratizar y descentralizar la VTV, permitiendo que más talleres participen en las inspecciones. Esto buscaría abaratar costos y mejorar la accesibilidad para los ciudadanos bonaerenses.

El caso sigue avanzando en la justicia federal, con potencial para convertirse en uno de los mayores escándalos de la gestión kirchnerista en Buenos Aires. Mientras tanto, el impacto en la confianza ciudadana y las repercusiones políticas son innegables, según señaló Realpolitik.