El Tribunal Nacional de Ética de la Unión Cívica Radical (UCR) resolvió, por mayoría, expulsar a los diputados nacionales Mariano Campero, Martín Alfredo Arjol y Luis Albino Picat.

La decisión, adoptada en la sede del Comité Nacional de la UCR en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se fundamentó en conductas que, según el tribunal, “lesionaron gravemente la dignidad del partido”.

Conductas cuestionadas y proceso disciplinario

El proceso comenzó con la suspensión preventiva de los legisladores en septiembre y concluyó con un dictamen que calificó sus acciones como “deliberadamente provocadoras”, perjudicando la imagen pública del partido.

Entre las conductas señaladas, destacó la visita de los diputados a la Casa Rosada el 10 de septiembre, donde se reunieron con el presidente Javier Milei y otros funcionarios. Este acto, difundido ampliamente en redes sociales y medios, se produjo un día antes de que el Congreso rechazara un veto presidencial a un proyecto impulsado por el bloque radical.

La reunión incluyó fotografías oficiales y una “selfie” con tono festivo, interpretadas como un desafío a las posturas oficiales de la UCR. El tribunal también señaló cambios de postura en votaciones clave, como el rechazo al veto de la Ley de Movilidad Previsional, argumentando que estas acciones afectaron “la unidad ideológica y política del partido”.

Fundamentación de la expulsión

El fallo, respaldado por los miembros del tribunal Alicia Tate y Juan Pedro Tunessi, se basó en los artículos 13 y 14 del reglamento del Tribunal Nacional de Ética y el artículo 53 de la Carta Orgánica Partidaria. Según el dictamen, las acciones de los diputados no solo vulneraron los principios éticos del partido, sino que también dañaron su reputación ante la sociedad.

En disidencia, Ricardo Barrios Arrechea cuestionó la severidad de la sanción y propuso una suspensión temporal, advirtiendo sobre el riesgo de debilitar internamente al partido en un contexto político complejo.

Desafíos y contexto político

El tribunal subrayó que la UCR enfrenta el desafío de reafirmar su identidad como oposición al Gobierno de Javier Milei en un escenario de creciente fragmentación política.

La resolución enfatiza la importancia de la adhesión a los principios partidarios y al respeto por su disciplina interna, enviando un mensaje de firmeza frente a actos considerados contrarios a los valores históricos del partido y su compromiso social.

Situación de otros implicados

El caso de Pablo Cervi, también señalado por su postura crítica hacia el partido, sigue en curso. El tribunal le otorgó un plazo para presentar descargos y pruebas, y su situación será tratada la próxima semana.

Los diputados expulsados pueden apelar la decisión, aunque su continuidad política dentro de la UCR parece improbable. Además, miembros del partido han expresado preocupación por el impacto que estos conflictos internos podrían tener en la imagen y unidad del bloque.