El juez federal Sebastián Casanello procesó este jueves al expresidente argentino Alberto Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La medida incluye un embargo de bienes y dinero por un total de 14.634 millones de pesos (unos 11 millones de dólares al cambio oficial).

La decisión fue confirmada por la abogada defensora del exmandatario, Mariana Barbitta, quien adelantó que apelarán la resolución “arbitraria e infundada” antes del próximo martes.

La causa investiga un entramado de contrataciones de seguros a través de intermediarios, en lugar de realizarse directamente, como permite la normativa. Los contratos eran gestionados por la aseguradora estatal del Banco Nación, según un decreto firmado por el propio Fernández.

El principal beneficiario habría sido Héctor Martínez Sosa, corredor de seguros y esposo de la entonces secretaria personal del presidente. Parte de la prueba clave surgió del teléfono celular de la funcionaria.

Para el juez Casanello, Fernández “creó y habilitó un escenario permisivo” que facilitó el lucro de allegados, en lo que describió como un “plan de expansión de los negocios” del entorno presidencial. Además del expresidente, Martínez Sosa, la exsecretaria y otras treinta personas serán juzgadas en esta causa, según informaron medios locales.

Nueva causa por violencia de género

En paralelo, Fernández deberá afrontar otro juicio oral por lesiones graves y amenazas coactivas, luego de que surgieran denuncias de su expareja Fabiola Yáñez durante el peritaje al teléfono de su exsecretaria.

Yáñez, de 43 años, mantuvo una relación de una década con Fernández y es madre de su hijo, nacido en 2022. El expresidente ha negado rotundamente las acusaciones.

Electo en 2019 junto a Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, Fernández declinó buscar la reelección en 2023 en un contexto de inflación desbordada y caída de popularidad. El 10 de diciembre de ese año entregó el mando al actual presidente Javier Milei.

Kirchner, por su parte, cumple una condena a seis años de prisión domiciliaria por corrupción en la adjudicación de obra pública durante sus dos mandatos presidenciales.