Diego Spina, ex secretario de Gobierno de Morón, se encuentra en el ojo del huracán tras ser señalado como investigado en la causa IPP 06-00-066756-24/00 por presunto fraude contra la administración pública y asociación ilícita.

La investigación, según Realpolitik, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta de la fiscalía 11 de La Plata, se centra en irregularidades ocurridas durante la gestión de Spina, en donde se presume que se anularon multas de tránsito de manera ilegal a cambio de pagos indebidos.

De acuerdo con la información publicada, el esquema fraudulento habría permitido que, entre 2022 y 2024, se defraudaran cifras que ascienden a más de 11.400 millones de pesos, replicando en cierta medida prácticas similares identificadas en otras jurisdicciones, como la que involucró al ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio.

El relato de este caso detalla un mecanismo en el que, supuestamente Realpolitik, se aprovechaban las lagunas administrativas para anular multas de tránsito (un proceso que, bajo circunstancias normales, contribuiría a la recaudación de fondos destinados a la administración pública) a cambio de pagos ilícitos.

Esta situación ha suscitado alarma entre los observadores políticos y la ciudadanía, dado el monto involucrado y el posible impacto negativo en la transparencia y gestión de los recursos públicos.

La polémica se inscribe en un contexto de tensiones políticas y controversias anteriores en Morón, situación que se ha agudizado con el surgimiento de estas nuevas acusaciones. Aunque la información actual proviene de una única fuente, la misma subraya que la investigación continúa abierta, lo que deja en el aire la posibilidad de nuevas revelaciones que podrían ampliar el espectro de la investigación en los próximos meses. Informó Realpolitik.

En el ambiente político local, la revelación de este presunto fraude ha reavivado debates sobre la eficacia de los mecanismos de control y supervisión de la gestión pública. Las autoridades y la opinión pública observan de cerca el desarrollo de la causa, a la espera de que las investigaciones oficiales arrojen mayor luz sobre la magnitud del perjuicio y las responsabilidades individuales en juego.

La repercusión de este caso podría marcar un antes y un después en la administración local de Morón, impulsando a que se revisen y fortalezcan los controles internos para evitar la recurrencia de situaciones similares. A medida que se avanzan en las averiguaciones, tanto los actores políticos como la sociedad civil se muestran expectantes ante los posibles cambios que este episodio podría promover en el manejo de los fondos públicos. Concluyó Realpolitik.