Como se preveía, la jueza estadounidense Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volvió a fallar contra la Argentina en el extenso litigio por la expropiación de YPF. En un nuevo escrito, desestimó el pedido del Estado argentino para suspender la transferencia de acciones a la firma Burford Capital, y lo hizo con duras críticas a la estrategia judicial del país.

Preska sostuvo que la Argentina no cumplió con las condiciones que le permitieron acceder a una suspensión sin garantía tras el fallo de septiembre de 2023, en el que se la condenó a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012. “La República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su Orden de Turnover, pero cualquier supuesto daño se deriva directamente de sus propias acciones al retrasar e intentar eludir sus obligaciones”, escribió la magistrada.

El Gobierno nacional se anticipó al fallo y ya apeló ante la Cámara del Segundo Circuito, solicitando una suspensión administrativa temporal, mientras tramita el pedido formal para frenar la ejecución de la orden. La jueza extendió el plazo para entregar las acciones hasta el 17 de julio, para dar tiempo a que la Cámara se expida.

Si el tribunal de apelaciones no hace lugar al pedido, la Argentina podría caer en desacato con la corte de Preska, que entiende en causas relacionadas con compañías que cotizan en Wall Street, como es el caso de YPF. No obstante, esa instancia sólo se activaría si los demandantes lo solicitan.

“El país está agotando todas las vías legales, pero mientras tanto debería aplicar algún control de daños. No es debilidad sentarse a negociar, todo lo contrario”, sostuvo Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, uno de los analistas que sigue el caso desde el inicio.

La apelación principal por la sentencia de USD 16.000 millones sigue su curso por un carril separado, y no se espera una resolución antes de 2026, según explicó Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro. Mientras tanto, la sentencia está vigente, los demandantes quieren ejecutar el cobro y Preska impulsa que eso suceda mediante la transferencia de acciones.

En paralelo, la jueza convocó a una audiencia para el martes 15 de julio a las 10:00 (hora local) en la sala 12A del tribunal. Allí se debatirá el pedido de los demandantes para acceder a información sobre empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y el Banco Central, a quienes buscan embargar en calidad de presuntos alter ego del Estado argentino.

La situación es altamente delicada: mientras se intensifican las tensiones judiciales, el Gobierno busca extender los plazos al máximo para ganar margen de maniobra, evitar consecuencias institucionales graves y preservar activos estratégicos frente a una de las sentencias más onerosas de su historia.