Durante el gobierno de Mauricio Macri, se giraron más de 1300 millones de pesos para obras de seguridad vial que no se concretaron. Las sospechas apuntan al exministro Javier Iguacel y parte de los fondos habrían sido utilizados en su campaña electoral. La investigación judicial permanece sin avances, según informaron desde Visión Política.

Entre 2017 y 2019, la Agencia Nacional de Seguridad Vial transfirió 1.314 millones de pesos a Vialidad Nacional con el objetivo de mejorar rutas nacionales mediante la instalación de tachas reflectivas, señalización inteligente, cartelería LED y líneas vibrosonoras.

Sin embargo, una auditoría interna reveló que ninguna de las obras fue realizada. Los informes indican que parte de los materiales se encontraban abandonados o mal colocados, como tachas depositadas en tambores de combustible o carteles instalados de manera incorrecta.

Según consignó Visión Política, Luis Goldín, exdirector jurídico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, confirmó que las empresas adjudicatarias no ejecutaron los trabajos. “La plata se giró, pero no se sabe a dónde fue”, aseguró. A pesar de las denuncias por malversación de fondos, la causa lleva cuatro años sin avances judiciales, tanto en la fiscalía como en los juzgados.

Las investigaciones señalan como principal involucrado a Javier Iguacel, ex administrador de Vialidad y exministro de Energía, así como al exministro de Transporte Guillermo Dietrich, firmante del convenio.

Una de las líneas investigativas apunta a que los fondos habrían sido destinados a la campaña municipal de Iguacel en Capitán Sarmiento, localidad de la que es intendente desde 2019. También se investiga la extensión de contratos de peajes sin licitación a través de Corredores Viales S.A., empresa vinculada a la familia Macri.

Según Visión Política, estas maniobras fueron denunciadas por el sindicato de trabajadores viales, mientras que el diputado Rodolfo Tailhade presentó una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos.

Una de las resoluciones judiciales ya procesó a Iguacel y Dietrich por "negociaciones incompatibles con la función pública" y por beneficiar a concesionarias privadas en el marco de esos contratos.

A pesar de las pruebas reunidas y la documentación oficial, la causa continúa sin movimiento significativo por parte del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. Entre las irregularidades detectadas en Vialidad durante esa gestión también se encuentran gastos injustificados, como cursos de oratoria, viáticos en bares inexistentes y otras contrataciones sin justificación.

De acuerdo con lo informado por Visión Política, durante ese mismo período se habrían desviado más de 50 mil millones de pesos que estaban asignados a obras viales.

Se estima que de ese monto, apenas se rindieron 8 millones de pesos y el resto continúa sin un destino claro. El sindicato advierte que la falta de obras de seguridad vial pone en riesgo vidas humanas, en rutas nacionales con alto índice de siniestralidad.

El caso, que podría convertirse en uno de los escándalos de corrupción más graves en materia de obra pública vial, ha tenido hasta ahora poca repercusión institucional y mediática. Iguacel, por su parte, hoy se desempeña como intendente y también está vinculado a negocios en el sector energético, luego de haber adquirido pozos petroleros.

El desafío de fondo, según Visión Política, es si la Justicia avanzará en esclarecer el posible desvío electoral de fondos públicos o si, en medio del contexto electoral, el caso quedará archivado. La situación genera un creciente malestar social ante la falta de respuestas concretas y el temor a que la impunidad se consolide como norma en la administración pública.